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Published On: Jue, Nov 15th, 2012

Dificultades para la aplicación de la moratoria en los desahucios

Después de tres días de negociaciones tras lo que parecía un principio de acuerdo que había hecho que la sociedad española se sintiese algo mejor consigo misma, la respuesta al creciente problema de los desahucios se complica por momentos.

Por un lado, el Gobierno no quiere verse como el malo de la película que financia a los bancos y deshucia a los ciudadanos pero está muy presionado en ambos frentes. La banca, en dificultades para mantener sus balances, no ve con buenos ojos ninguna reforma que no venga refrendada con más dinero público; es decir, quieren que sea la Administración quien pague las hipotecas inviables. Por el otro, los ciudadanos cada vez miran con peores ojos los desahucios de ciudadanos empobrecidos que asumieron deudas que ahora no pueden pagar y que se ven abocados a la exclusión social.

Por otro lado, el que parecía promotor y mayor beneficiado de esta reforma legal, el PSOE, ahora parece dar marcha atrás y para ello ha subido el listón hasta límites difícilmente aceptables por el Gobierno y la banca. Son básicamente dos las diferencias que ahora les seapran del Gobierno:

  1. la amplitud de la moratoria: a quién debe extenderse y por cuánto tiempo; no es lo mismo familias sin ingresos y durante dos años que familias en riesgo de exclusión social y de por vida
  2. los socialistas, los mismos que aprobaron las normas del desahucio exprés, piden ahora que todo esto se articule como una reforma de la legislación hipotecaria de manera que no quede al albur de los bancos su cumplimiento como ocurre ahora con el código de buenas prácticas

Finalmente entra en juego la Unión Europea que dice no va a dar el vistobueno a ninguna medida que implique tener que aportar más dinero europeo para salvar la banca española, que ya ha recibido cantidades ingentes de dinero público para evitar su hundimiento.

A falta de acuerdo lo más probable es que el Consejo de Ministros apruebe unas medidas mínimas para familias de bajos ingresos y en riesgo severo de exclusión social (con hijos, desempleados, minusválidos, etc.) cuya utilidad se tendrá que demostrar con el tiempo.

 

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