Published On: Jue, Jun 20th, 2013

Se aclara la trama de los ERE en Andalucía

La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso, ha dado un paso más en el procedimiento y pasa de la mera sospecha a la ratificación por escrito de la implicación de los sindicatos en toda la trama corrupta de los ERE andaluces. Muy específicamente señala en su último auto relativo al caso que “Los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma] de financiación irregular”. Con este auto envió a prisión al dueño de la consultore Uniter, que junto a la consultora Vitalia y el bufete Villasís, orquestaron el pago de 7,6 millones de euros a los sindicatos in que conste la existencia de ningún servicio legítimo que justifique el pago.

En los interrogatorios a que se ha sometido al ahora encardelado José González Mata y a otros imputados y testigos se ha revelado que el mecanismo por el que los sindicatos cobraban eran uno supuestos “costes actuariales de contraste” en las tramitaciones de los ERE que ascendían al 0,5% del montante total de las subvenciones de la Junta de Andalucía. Para garantizarse el pago de estas comisiones, los sindicatos amenazaban con usar su poder dentro de los comités de empresa para bloquear las negociaciones del ERE o, desde dentro, cambiar de empresa tramitadora.

juez__Alaya

Desde los sindicatos lógicamente se insiste una y otra vez en que no han hecho nada ilegal y que su tarea consiste según sus estaturos en ayudar a que los trabajadores consigan mejores prestaciones en los expedientes de regulación de empleo.

De lo que se va conociendo de la instrucción del caso parece deducirse lo que mucha gente sospecha: en Andalucía ha existido una connivencia entre la Junta, gobernada por el PSOE, y los sindicatos para manejar los ERE y conseguir prestaciones que iban más allá de lo establecido en la ley:

  • incluir entre los trabjadores que tenían derecho a una prestación de jubilación anticipada a personas que nunca habían trabajado en esas empresas
  • gastos de consultoría y tramitación asignados a “conseguidores” que garantizaban mejores resultados por sus contactos personales dentro de la Consejería de Economía y Empleo
  • comisiones abonadas a los sindicatos por no bloquear el desarrollo de los ERE y que cobraban a los bufetes que tramitaban los expedientes

Las estimaciones más prudentes consideran que el pejuicio para las arcas públicas ha sido de unos cuarenta millones de euros o, lo que es lo mismo, la paga de 400 euros de 100.000 personas. Así se entiende que la madre de uno de estos conseguidores alardeara obscenamente que su hijo “tiene billetes para asar una vaca entera”.

 



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