Published On: Jue, Jul 23rd, 2015

China: Abogados pueden ser condenados a 15 de cárcel por “escalofriantes” cargos sobre la seguridad del Estado

Las autoridades chinas han intensificado su campaña de represión contra abogados y activistas de los derechos humanos, usando cargos draconianos relacionados con la seguridad del Estado para recluir al menos a tres personas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Los abogados Xie Yang y Sui Muqing y el activista Gou Hongguo están recluidos como sospechosos de “incitar a la subversión del poder del Estado”, por lo que podrían ser condenados a un máximo de 15 años de prisión.

“El uso de cargos relacionados con la seguridad del Estado es escalofriante, y no hace más que subrayar la ferocidad del ataque contra los abogados que defienden los derechos”, ha afirmado William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.

“La magnitud y la severidad de esta campaña de represión carecen de precedentes. Las autoridades parecen decididas a destruir la creciente red de abogados y activistas de los derechos humanos, y a propagar el miedo entre quienes están dispuestos a defender los derechos humanos.”

Imagen de Wang Yu, abogada, cuya detención marcó el inicio de esta campaña de represión. Fuente chinachange.org

Las medidas de las autoridades suscitan el temor de que muchos de los 31 abogados y activistas que continúan recluidos o en paradero desconocido desde que comenzó la campaña de represión el jueves pasado puedan enfrentarse a cargos semejantes relacionados con la seguridad del Estado.

Casi 200 personas han sido interrogadas o recluidas por la policía durante la última semana  en la campaña de represión de ámbito nacional.

Sigue sin conocerse el paradero de Xie Yang, Sui Muqing y Gou Hongguo, tras anunciar las autoridades que habían sido puestos bajo “vigilancia domiciliaria”. En virtud de una práctica controvertida, la policía podría tener recluidos a estos hombres en lugares desconocidos durante un periodo máximo de seis meses, sin acceso a sus abogados y familiares. Los tres corren grave riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

La esposa de Sui Muqing se negó a cumplir la exigencia de la policía de escribir una carta a su esposo diciéndole que admitiera sus “crímenes”.

Campaña difamatoria

La campaña de represión está acompañada de una campaña difamatoria en los medios de comunicación del Estado, en los que se ha acusado a los abogados y activistas de formar parte de una operación delictiva para “socavar la estabilidad social”. El Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista, ha afirmado que para construir una sociedad que use la ley para resolver los problemas, la policía tiene que “actuar con dureza contra los abogados ilegales con arreglo a la ley”.

El bufete de abogados Fengrui, con sede en Pekín, ha sido señalado como el centro de una “banda delictiva”. Este estudio jurídico ha defendido a personas en casos de derechos humanos de gran repercusión, como el destacado intelectual uigur Ilham Tohti, que cumple actualmente una condena a cadena perpetua, y las víctimas del escándalo de la leche en polvo adulterada de 2008.

“Las autoridades están demostrando su desprecio por el Estado de derecho y utilizando todas las tácticas posibles para tratar de construir una acusación contra el bufete de abogados Fengrui”, ha afirmado William Nee.

“Se está castigando a estos abogados sólo por su defensa de los derechos humanos. La presunción de inocencia ha sido arrojada por la ventana.”

La detención de una de las abogadas de Fengrui, Wang Yu, el pasado jueves señaló el comienzo de esta campaña de represión. Siete integrantes de la firma jurídica están detenidos o en paradero desconocido. El esposo de Wang Yu, Bao Longjun, también está detenido, y se ha confiscado el pasaporte a su hijo de 16 años.

Muchos de los activistas y abogados interrogados por la policía en la última semana han sido preguntados por las actividades del bufete de abogados Fengrui y han recibido órdenes de no hablar en público sobre este estudio jurídico.

“La policía debe revelar el paradero de todas las personas detenidas y permitir el acceso inmediato y efectivo a sus abogados y familiares”, ha afirmado William Nee.

En virtud del derecho internacional, las autoridades deben informar con carácter inmediato a las personas detenidas de los motivos de su arresto, y brindarles la oportunidad efectiva de impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal y de acceder sin demora a atención médica si así se solicita.

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