Published On: Jue, Ago 6th, 2015

Los secuestros diezman a la sociedad civil en Libia

Los secuestros constantes han pasado a formar parte de la vida cotidiana en Libia, ha afirmado Amnistía Internacional al presentar el informe Vanished off the face of the earth’: Abducted civilians in Libya, y ha pedido que termine la epidemia de secuestros que invade el país.

Más de 600 personas están en paradero desconocido desde 2014 según la Sociedad de la Media Luna Roja Libia, y siguen sin conocerse la suerte y el paradero de al menos 378, aunque los datos reales probablemente sean muy superiores.

“La población civil de Libia vive en el filo de la navaja. Los secuestros sistemáticos agravan el caos y el desgobierno generalizados mientras los grupos armados endurecen su férreo control del país”, ha afirmado Said Boumedouha, director en funciones del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Cientos de civiles han sido secuestrados a capricho, simplemente por el lugar del que provienen, o por sospecharse su apoyo a un grupo político rival.” En muchos casos los mantienen cautivos como rehenes para forzar a un grupo armado a hacer un canje de prisioneros o a la familia a pagar un rescate.

Secuestros en Libia

La disolución de la autoridad central y la ausencia de fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y de un sistema de justicia efectivo en Libia ha generado una atmósfera de impunidad generalizada que ha permitido que los autores de tales secuestros eludan el procesamiento y la rendición de cuentas.”

Tomar rehenes entre la población civil está prohibido por el derecho internacional humanitario y, durante un conflicto, constituye un crimen de guerra.

Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a incrementar su apoyo a la Corte Penal Internacional para que investigue los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Libia. Hasta la fecha, la fiscal de la Corte no ha abierto ninguna investigación sobre los crímenes de derecho internacional cometidos por los grupos armados desde 2011.

Las personas secuestradas por los grupos armados son sometidas sistemáticamente a tortura u otros malos tratos mientras están bajo custodia. A muchos los golpean, los amenazan de muerte, los mantienen varios días con los ojos vendados, los insultan y golpean y a menudo los torturan con descargas eléctricas o posturas dolorosas. Varios han muerto tras sufrir torturas o han sido víctimas de ejecuciones sumarias, y sus cadáveres han sido abandonados junto a la carretera.

Los grupos armados deben liberar a todos los civiles y tratar con humanidad a todas las personas bajo su custodia, incluidos combatientes capturados, y deben revelar información sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Además, toda persona privada de su libertad debe poder tener contacto regular con su familia.

Entre los secuestrados hay activistas, cargos públicos y otros civiles secuestrados por desconocidos debido a su filiación política o en relación con su trabajo.

Entre ellos están Suleiman Zobi, ex miembro del Congreso Nacional General, y Abdel Moez Banoun, bloguero y activista de derechos políticos a quien secuestraron de un automóvil aparcado cerca de su casa después de que denunciara públicamente la presencia de milicias en Trípoli y organizara protestas en torno a este asunto. Abdel Moez Banoun lleva más de 300 días en paradero desconocido. Su hermano dijo que había “desaparecido de la faz de la tierra”.  El fiscal Nasser al Jaroushi fue secuestrado tras investigar el asesinato de la activista de derechos humanos Salwa Bugaighis y las actividades de bandas de traficantes de drogas.

Mohamed al Tahrir Aziz, Mohamed al Munsaf al Shalali y Waleed Ramadan Shalhoub, trabajadores de ayuda humanitaria, fueron secuestrados el 5 de junio cuando se dirigían a varias localidades afectadas por los combates en el suroeste de Libia para entregar provisiones.

Otras personas expuestas a los secuestros son los trabajadores migrantes, el personal de los consulados extranjeros y los miembros de la comunidad tawargha desplazados de su localidad natal en 2011.

Con esta campaña que ha lanzado hoy, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los grupos armados para que rompan esta dinámica de secuestros y se posicionen públicamente condenando los secuestros y la tortura.

En el diálogo político en curso auspiciado por la ONU, dirigido a poner fin a la violencia y formar un gobierno de unidad nacional, también está previsto abordar los secuestros y las detenciones ilegales como parte de un conjunto de medidas encaminadas a fomentar la confianza.  Los participantes en ese diálogo, incluidos los dirigentes municipales, deben ejercer su influencia con los jefes de los grupos armados e intervenir en favor de la liberación de todos los civiles secuestrados.

La organización ha pedido a sus simpatizantes que actúen a través de los medios sociales y organicen manifestaciones como parte de una campaña para pedir a los grupos armados y a las autoridades que pongan fin a los secuestros y garanticen la liberación inmediata e incondicional de cientos de civiles que continúan detenidos de manera ilegítima.

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