Published On: Mie, Ago 26th, 2015

La justicia medieval de Arabia Saudí ejecuta a una persona cada dos días

Cientos de personas han sido condenadas a muerte tras ser declaradas culpables en juicios sin garantías en virtud del sistema judicial de Arabia Saudí, que adolece de profundas deficiencias, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

‘Killing in the Name of Justice’: The Death Penalty in Saudi Arabia pone al descubierto el uso terriblemente arbitrario de la pena de muerte en ese país, donde la pena capital se impone en juicios que atentan abiertamente contra las normas internacionales.

“Condenar a muerte a cientos de personas después de procedimientos judiciales que adolecen de profundas deficiencias es absolutamente vergonzoso. El uso de la pena de muerte es horrendo en todas las circunstancias, y especialmente deplorable cuando se aplica arbitrariamente después de juicios manifiestamente injustos”, ha afirmado Said Boumedouha, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

El 18 de agosto de 2014, dos grupos de hermanos de una misma familia fueron ejecutados en la ciudad suroccidental de Najran tras ser declarado culpable de “recibir grandes cantidades de hachís ” © Private

“El defectuoso sistema de justicia de Arabia Saudí facilita las ejecuciones judiciales a escala masiva. En muchos casos, se niega a los acusados el acceso a un abogado, y en algunos se los condena sobre la base de ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura u otros malos tratos en flagrantes injusticias.”

Uso de la pena de muerte en Arabia Saudí

Entre agosto de 2014 y junio de 2015, al menos 175 personas fueron ejecutadas, un promedio de una persona cada dos días.

Un tercio del total de ejecuciones desde 1985 se llevaron a cabo por delitos que incumplen el criterio de “los más graves delitos” por los que cabe imponer la pena de muerte según el derecho internacional. Una gran proporción de las condenas a muerte en Arabia Saudí –el 28% desde 1991– se imponen por delitos relacionados con las drogas.

Casi la mitad –el 48,5%– de las personas ejecutadas en Arabia Saudí desde 1985 eran nacionales extranjeros. A muchas de ellas se les negó una asistencia adecuada en materia de traducción durante el juicio y se les obligó a firmar documentos –incluidas confesiones– que no comprendían.

La mayoría de las ejecuciones en Arabia Saudí se llevan a cabo por decapitación, o en algunos casos por fusilamiento. En ciertos casos, las ejecuciones se llevan a cabo en público y los cuerpos y las cabezas cortadas se exhiben después.

A menudo las ejecuciones no se notifican a las familias de los condenados a muerte, que sólo se enteran de la suerte de sus seres queridos cuando ya han sido ejecutados, a veces por informaciones difundidas por los medios de comunicación.

Un sistema de justicia defectuoso

El sistema de justicia de Arabia Saudí, basado en la sharia, carece de código penal, lo que deja la definición de los delitos y las penas en un terreno impreciso y susceptible de interpretaciones. El sistema también concede a los jueces atribuciones para imponer condenas a su discreción, lo que da lugar a amplias discrepancias y, en algunos casos, a sentencias arbitrarias. Para ciertos delitos punibles en virtud de tai’zir (penas discrecionales), la sola sospecha es suficiente para que un juez recurra a la pena de muerte a tenor de la gravedad del delito o del carácter del delincuente.

El sistema de justicia también carece de las precauciones más básicas para garantizar el derecho a un juicio justo. En muchos casos, las condenas se imponen después de procedimientos injustos y sumarios que en ocasiones se desarrollan en secreto. A los acusados se les niega con frecuencia el acceso a un abogado, o se les declara culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. También se les niega el derecho a una apelación adecuada y  completa.

Arabia Saudí rechaza con vehemencia las críticas hacia su uso de la pena capital aduciendo que las condenas a muerte se llevan a cabo de conformidad con la sharia (ley islámica) y sólo para “los más graves delitos” y respetando las más estrictas normas y salvaguardias relativas a juicios justos.

Afirmar que la pena de muerte en Arabia Saudí se lleva a cabo en nombre de la justicia y de conformidad con el derecho internacional no puede estar más alejado de la verdad. En vez de defender el atroz historial del país, las autoridades de Arabia Saudí deberían establecer con urgencia una moratoria oficial de las ejecuciones y aplicar las normas internacionales sobre juicios justos en todas los casusas penales”, ha afirmado Said Boumedouha.

El caso de Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, clérigo del este de Arabia Saudí y crítico con el gobierno, que fue condenado a muerte en octubre de 2014, ilustra claramente estas deficiencias. Fue declarado culpable de delitos de imprecisa definición en un juicio profundamente viciado y de motivación política y se le negó la oportunidad de preparar una defensa adecuada. Algunos de los cargos no son delitos comunes reconocibles según el derecho internacional de los derechos humanos.

“El carácter profundamente viciado del sistema judicial de Arabia Saudí deja la puerta abierta a abusos. Las autoridades juegan con la vida de las personas de una manera irresponsable y atroz”, ha afirmado Said Boumedouha.

“Si las autoridades desean mostrar su compromiso con unas normas rigurosas en materia de juicios justos, deben implementar reformas que adecuen el sistema de justicia penal de Arabia Saudí al derecho y las normas internacionales.”

En tanto se procede a la abolición total de la pena de muerte, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Arabia Saudí que restrinjan el alcance de su uso para delitos que impliquen “homicidio intencionado”, de conformidad con el derecho y las normas internacionales, y que pongan fin a la práctica de imponer condenas a muerte a menores de edad y a quienes sufren discapacidad mental.



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