Published On: Vie, Ene 8th, 2016

La represión integrista aumenta en Arabia Saudí

Madrid.- El deterioro de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí ha sido constante durante el año transcurrido desde que el bloguero Raif Badawi fuera azotado públicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, ha afirmado Amnistía Internacional la víspera del primer aniversario de los azotes.

En el último año, el historial de derechos humanos de Arabia Saudí ha ido de mal en peor. Recientemente, la ejecución masiva de 47 personas en un solo día —entre ellas el clérigo musulmán chií Sheikh Nimr Baqir al Nimr— sacudió a toda la región.

Pese a aclamados avances como la participación de las mujeres en las elecciones municipales del mes pasado, Arabia Saudí continúa reprimiendo de forma generalizada a los activistas de los derechos humanos, además de liderar una devastadora campaña de bombardeos aéreos en Yemen en la que se han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra.

“Un año después de las protestas internacionales por su flagelación pública, Raif Badawi y decenas de presos de conciencia continúan en la cárcel y expuestos a sufrir penas crueles y malos tratos por su activismo pacífico”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Son cada vez más los defensores y defensoras de los derechos humanos condenados a años de prisión en virtud de la ley antiterrorista de 2014 de Arabia Saudí, mientras sus aliados respaldan con total descaro la represión del reino en nombre de la llamada ‘guerra contra el terror’.”

Entre las muchas personas encarceladas figura el abogado de Raif Badawi, Waleed Abu al Khair, primer defensor de los derechos humanos condenado en virtud de la ley antiterrorista de Arabia Saudí, que entró en vigor en febrero de 2014, después de un juicio injusto. Decenas de personas más fueron encarceladas en virtud de esta ley en 2015, entre ellas los defensores de los derechos humanos Dr. Abdulkareem al Khoder y Dr. Abdulrahman al Hamid, miembros fundadores de la independiente y ahora disuelta Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), también en juicios injustos.

Un agente de seguridad administró 50 azotes con un bastón a Raif Badawi en una plaza pública de Yidda el 9 de enero de 2015. Los 50 azotes eran parte de la condena a 1.000 azotes y 10 años de prisión impuesta por un tribunal en mayo de 2014 por crear un foro en Internet para el debate público y por “insultar al islam”.Los demás azotes se aplazaron, al principio por preocupaciones de índole médica y después por razones que se desconocen.

Se han enviado más de un millón de mensajes de apoyo al bloguero saudí encarcelado Raif Badawi desde que la campaña de Amnistía Internacional Escribe por los derechos incluyó su caso en 2014. En 2015 la campaña destacó la difícil situación de su abogado, Waleed Abu al Khair.

Arabia Saudí sigue prohibiendo las asociaciones de derechos humanos independientes y encarcelando a sus miembros fundadores, a quienes impone largas penas de prisión por formar “organizaciones no autorizadas”. Todas las reuniones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, continúan prohibidas en virtud de una orden del Ministerio del Interior de 2011.

Mientras tanto, las autoridades han utilizado la ley antiterrorista de 2014 y el conocido tribunal “antiterrorista” del reino, el Tribunal Penal Especial, para reprimir sistemáticamente toda forma de activismo, lo que incluye la imposición de condenas a muerte a activistas musulmanes chiíes tras juicios manifiestamente injustos. Un ejemplo es el caso del destacado clérigo musulmán chií y crítico abierto del gobierno del país Sheikh Nimr al Nimr, ejecutado junto con otros tres activistas musulmanes chiíes el 2 de enero.

Ali al Nimr, sobrino de Sheikh Nimr al Nimr, y los también activistas chiíes Dawood al Marhoon y Abdullah al Zaher, tenían menos de 18 años cuando los detuvieron. Los tres fueron sometidos a juicios manifiestamente injustos y condenados a muerte sobre la base exclusiva de “confesiones” que, según su testimonio, se obtuvieron mediante tortura. El tribunal se ha negado a investigar sus denuncias de tortura.

“En una sangrienta ofensiva contra toda forma de disidencia, las autoridades han confirmado las condenas a muerte impuestas a tres personas por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de edad, violando de manera flagrante el derecho internacional y basándose como única prueba en las ‘confesiones’ que, según el testimonio de los tres activistas, hicieron tras ser torturados”, ha afirmado James Lynch.

“Esto tiene lugar en un momento en el que Arabia Saudí ha intensificado su terrible oleada de ejecuciones, en la que al menos 151 personas han sido ejecutadas entre enero y noviembre de 2015, el número más alto desde 1995. Cerca de la mitad de las personas ejecutadas habían sido condenadas por delitos que, según el derecho internacional, no serían punibles con la muerte.”

Arabia Saudí también ha liderado una coalición militar que, desde marzo de 2015, ha llevado a cabo miles de ataques aéreos en zonas de Yemen controladas por el grupo armado huzi. Cientos de civiles han perdido la vida en los ataques aéreos, que también han afectado a infraestructuras civiles como instalaciones de salud, escuelas, fábricas, instalaciones eléctricas, puentes y carreteras. Amnistía Internacional ha concluido que tales ataques han sido con frecuencia desproporcionados o indiscriminados, y en algunos casos parecen haber tenido como objetivo directo a la población civil o bienes de carácter civil.

Algunas de las armas utilizadas por las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen que han afectado a objetivos civiles fueron producidas y/o diseñadas en Estados Unidos y Reino Unido. Los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos también proporcionan apoyo logístico y servicios de inteligencia a la coalición.

“Los aliados de Arabia Saudí como Estados Unidos y Reino Unido deben usar sus estrechas relaciones para presionar al gobierno, incluso públicamente, para que mejore su historial de derechos humanos y respete el derecho internacional en su campaña en Yemen. Su silencio, mientras siguen suministrando a Arabia Saudí armas letales, es simplemente indefendible”, ha afirmado James Lynch.



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