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Boxeo.- Destituido un juez que intervino en el caso del escándalo sexual de Ricardo Mayorga
Pese a ser juez, se presentó como miembro del equipo de abogados defensores de Mayorga, que lo sacó de la cárcel mediante tecnicismos
MANAGUA, 8 (EUROPA PRESS)
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua destituyó a un juez suplente por comportamiento impropio a su cargo en varios casos, entre los cuales figura el del boxeador Ricardo Mayorga, acusado por una joven de violación.
El nombramiento de juez suplente del V de Distrito del Crimen de Managua, Carlos Peña, le fue cancelado por "graves irregularidades" en el ejercicio de su cargo, informó la Corte en un comunicado.
La destitución de Peña se basa en que, pese a ser juez, se presentó el viernes como miembro del equipo de abogados defensores de Mayorga, que logró sacarlo de la cárcel mediante tecnicismos legales, lo cual fue criticado por magistrados y juristas.
Mayorga está acusado de abusar sexualmente de una mujer en un hotel de la capital, pese a lo cual fue puesto en libertad e inmediatamente viajó a Estados Unidos, donde sigue su entrenamiento para pelear con el puertorriqueño Félix 'Tito' Trinidad, el 2 de octubre.
DENUNCIADO POR UN INTIMIDAR A UNA PERIODISTA.
Peña también fue denunciado por una periodista de un diario local de haberla intimidado, a causa de informaciones que ella publicó en relación con las supuestas actuaciones irregulares del funcionario antes y durante el ejercicio de su cargo.
Asimismo Peña actuó como juez semanas atrás en la intervención a la empresa italiana Parmalat, caso que agudizó un enfrentamiento entre el Gobierno del presidente Enrique Bolaños y el Poder Judicial. Según el portavoz de la Corte, Roberto Larios, en un año de ejercicio del cargo se han recibido al menos siete quejas contra Peña en la comisión disciplinaria de la Corte, entre ellas el haber anulado sentencias que estaban firmes.
El ex juez tiene pendiente una causa en los tribunlaes por supuesto delito de tráfico de inmigrantes y, en el caso de Parmalat, hubo queja de una de las partes afectadas de haber ejecutado la intervencion sin fundamento jurídico.
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