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Noticias de arte y cultura |
La Fundación Autor (SGAE) encarga un informe que rebate el dictamen de Industria sobre el popular canon
La consultora Econlaw asegura que las cifras manejadas por la Comisión Asesora de Industria son "erróneas, infundadas y falaces"
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Fundación Autor, brazo cultural de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha encargado un informe a la consultora Econlaw en el que se cuestiona el dictamen elaborado por la Comisión Asesora sobre la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria en relación con el derecho a compensación por copia privada, más conocido como canon, y que criticaba el Proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pendiente de aprobación definitiva por las Cortes esta misma semana. Desde la consultora se asegura que las cifras manejadas por Industria son "erróneas, infundadas y falaces".
Así lo resaltó hoy Francisco Marcos, profesor del Área Jurídica del Instituto de Empresa y uno de los responsables de la realización del informe de Econlaw junto a Juan Santaló y Albert Sánchez Graelles, quienes se han basado para argumentar su teoría en un Informe de la Comisión Europea y en datos de la propia industria, concretamente de la Bussines Software Association (BSA).
Si bien, según Marcos, es legítima la preocupación de Industria por la regulación de los contenidos que navegan por las redes digitales, el dictamen, en cambio tiene muchos "peros". La consultora rebate la argumentación de la Comisión en aspectos relacionados con los derechos de autor y la copia privada, el canon y su aplicación y el Proyecto de ley y los presuntos perjuicios derivados de su aprobación.
Por su parte, Francisco Galindo, secretario general de la Fundación Autor, afirmó que en estos momentos, "la industria ha decidido declarar España como territorio de combate en relación con el canon, algo que no pasa en ningún otro país" y avanzó la propuesta de la entidad que representa de crear un "observatorio permanente" de la copia privada que estaría integrado por la propia Fundación Autor, el Instituto de Empresa y Econlaw.
REMUNERACIÓN "INNEGABLE"
Para Francisco Marcos, la ley regula la realización de copias privadas por los usuarios y fija una compensación al autor por la disminución de ingresos debido a esa copia legítima. Algo que, según apuntó "existe en la mayoría de países de nuestro entorno". En su opinión, esta lógica es "innegable" y el importe del canon constituye una parte sustancial del precio final de venta de los soportes, pero eso no supone que la lógica de la remuneración cambie en función de los costes de producción o precio de venta.
"El progreso tecnológico y los procesos de fabricación pueden abaratar los costes de producción de ciertos bienes, pero no conlleva que los contenidos protegidos merezcan una remuneración menor", dijo Marcos.
Según Econlaw, el dictamen confunde la eliminación del canon por copia privada con la eliminación de la posibilidad de que los particulares realicen copias privadas de obras protegidas, algo que no guarda una relación directa. Además, considera que dicho informe no aporta elementos cuantitativos que permitan fijar una correlación entre la importancia cuantitativa del canon y el volumen de inversión en el desarrollo de la sociedad de la información o en los costes de las empresas españolas tecnológicas. El dictamen afirmaba que el canon suponía una barrera al desarrollo de la Sociedad de la Información.
CANON BENEFICIOSO
Por todo ello, Econlaw concluye que la existencia y funcionamiento del sistema de remuneración compensatoria por copia privada en el Derecho español de propiedad intelectual "es plausible de acuerdo con el objetivo de incentivar la actividad creativa y el desarrollo cultural y científico de nuestro país". La copia privada, contrariamente a lo que afirma la Comisión, no es una solución política artificial, sino que tiene suficientes fundamentos jurídicos y económicos en España y en los países de nuestro entorno. De igual modo, es eficiente económicamente y beneficia a los consumidores, al sector tecnológicos y a los autores, resaltan estos expertos.
En este sentido, Albert Sánchez recordó que el dictamen de Industria propone la eliminación "pura y simple" del canon, algo que, en su opinión, es "una alteración de todos los derechos de propiedad intelectual que establece la legislación española".
"La estimación de la evolución de ingresos en concepto de canon incluida en el Dictamen es sorprendente y no parece ajustarse a criterios estándar de análisis ni a los datos de evolución real del mercado que, en absoluto, ascienden al crecimiento del 90% anual. Los datos manejados no se contextualizan suficientemente, los incrementos en la recaudación son muy inferiores al 90% indicado en el Dictamen y, en todo caso, decrecientes", afirma este experto.
Asimismo añade que la desproporción que el dictamen pretende poner de manifiesto (indicando que en un plazo de veinte años los ingresos por copia privada digital podrían llegar a representar casi treinta veces los ingresos generados directamente por la comercialización de contenidos) no es tal".
Por último, con respecto a los dispositivos digitales de control, conocidos como DRM, Econlaw afirma que su desarrollo, por el momento, no permite una alternativa a la gestión colectiva por las entidades de gestión, como afirmaba el dictamen de la Comisión Asesora. Además, tal circunstancia "puede resultar contraria a los intereses de los usuarios al dificultar el juego de la excepción de copia privada prevista por el legislador". A día de hoy, los DRM no son eficientes como sistema de control de copia, señala la consultora.
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