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Zapatero dice que no hay ni 'indicios' de una nueva petición de EEUU para el uso de Rota por sus fuerzas especiales



Es partidario del "estricto cumplimiento" del Convenio y Llamazares le acusa de practicar política de "confianza ciega"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, respecto a la base Rota (Cádiz), que "no hay, ni se ha presentado ni hay indicio de solicitud" por parte de Estados Unidos para otros equipamientos o unidades distintos de los reflejados en el Convenio bilateral de Defensa. Asimismo, se mostró partidario del "estricto cumplimiento" del texto.

En la sesión de control de la Cámara Baja, Zapatero respondió así al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien, en la pregunta del orden del día, demandaba al presidente cuál era la relación de la utilización de la base de Rota por las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos con la "nueva política exterior del Gobierno". No obstante, Llamazares usó su turno para preguntar al presidente sobre cómo pensaba garantizar la soberanía, el derecho internacional y los derechos humanos en "las bases de utilización conjunta en España".

Ciñéndose a la pregunta del orden, el presidente del Gobierno destacó que la "nueva política exterior del Gobierno" es conocida y debatida y que el régimen de las bases es similar al que se viene desarrollando, citando el Convenio bilateral en materia de Defensa de 1988, que fue revisado por el Protocolo de Enmienda de 2002. "En eses marco y Convenio las cosas siguen como han estado desde las fechas de su comienzo", destacó.

UNIDAD CASI ONCE AÑOS EN LA BASE.

El presidente del Gobierno reconoció que este texto recoge la existencia de una "unidad de operaciones de la Marina norteamericana estacionada en Rota", que data de julio de 1994, que "formó parte de las negociaciones del Protocolo de Enmienda" y que lleva estando "en la base casi once años". "No hay, ni se ha presentado, ni hay indicio de ninguna otra solicitud para ningún otro equipamiento o unidad por parte de Estados Unidos hacia el Gobierno de España", resaltó, añadiendo que las informaciones en este sentido carecían de "base sólida".

En su turno de réplica, Llamazares recordó que la Cámara iniciará mañana el trámite del Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional con el debate de totalidad, y que esta norma contiene avances como que las operaciones exteriores deben hacerse con arreglo al Derecho Internacional y a las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Hay una parte de nuestro territorio donde nada de esto rige, no rige la soberanía ni el derecho internacional", criticó. Así, manifestó que no es sólo que el comandante en jefe de las Fuerzas de Estados Unidos en Europa, el general James Jones, "haya dicho que en España pretenden una base de utilización para operaciones especiales", sino que se utilizan "aeropuertos civiles españoles", como el de Palma, para trasladar "a centros de tortura a ciudadanos de otros países".

SIN CONOCIMIENTO DE DESTINOS.

También hizo referencia a una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado de IU Angel Pérez. En la misma, el Ejecutivo admite que durante el último cuatrimestre de 2004 se realizaron 317 operaciones aéreas (escalas, sobrevuelos) en el territorio nacional con destino o procedencia directa de Irak". No obstante, el Ejecutivo reconoce en su respuesta que "de los planes de vuelo sólo se pueden deducir las ciudades o aeropuertos de destino de los aviones implicados, pero no la naturaleza específica de su misión" y añade que en ese periodo se efectuaron en puertos españoles 97 escalas de buques de los Estados Unidos, desconociendo igualmente su destino final.

En la respuesta el Gobierno precisa que la solicitud de autorización para realizar operaciones aéreas fue hecha por Estados Unidos "el 20 de marzo de 2003 y aprobada por España el 25 de marzo por medio de un permiso diplomático que fue renovado posteriormente".

NO SE CUMPLE "NI EL PROTOCOLO".

Para Llamazares, estos hechos no cumplen "ni el Protocolo" de Enmienda al Convenio y significan la "política de la ley del silencio por parte del Gobierno de Estados Unidos y de la confianza ciega por parte del Gobierno español". "¿También en las bases rigen los criterios del Gobierno en materia de transparencia, derecho internacional y derechos humanos?", le volvió a preguntar a Zapatero.

El presidente le respondió afirmativamente y esbozó el "principio claro" de que el Gobierno español es "partidario del mantenimiento del Convenio con Estados Unidos en defensa y del estricto cumplimiento del mismo". "Así es ahora, igual que ha sido durante todos los años desde que se firmó", concluyó.

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