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Prodeni acusa a Montero de 'ocultar y tergiversar' información sobre presunto malos tratos en la guardería de El Palo

Dice que un informe privado, solicitado por la delegada, indica que el agua de este centro tiene niveles de nitrato tóxicos para la salud

MALAGA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), José Luis Calvo, acusó hoy a la delegada en Málaga de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Ana Paula Montero, de "ocultar y tergiversar información", así como de "desviar la atención culpándonos de generar una injustificada alarma social" en el caso de las presuntas irregularidades y malos tratos denunciados por padres y ex trabajadoras en la guardería de la barriada de El Palo.

Ante la acusación de crear alarma social, José Luis Calvo defendió que Prodeni actuó antes de la rueda de prensa que realizaron las madres la pasada semana y que comunicó los hechos con antelación a las instituciones competentes, pero matizó que ante la "pasividad y oscurantismo administrativos no hubo más remedio que denunciar los hechos públicamente".

Asimismo, destacó que la delegada de la Junta no ha atendido "en ningún momento" las peticiones de las madres y ex trabajadoras de la guardería, que durante meses solicitaron a la Junta algún tipo de resolución.

El responsable de Prodeni informó, además, de que la delegada solicitó de manera no oficial un informe a una empresa privada, en el que, presuntamente, "figurarían índices de nitrato superiores a los 17 puntos, cuando el nivel máximo permitido es de tan sólo 10".

"A partir de 10 puntos se considera que el agua está contaminada y es altamente tóxica y que si bien puede ser muy peligrosa en adultos, en menores puede llegar a ser letal", sentenció José Luis Calvo. De ser ciertos estos datos, se confirmarían las sospechas de las madres, que apuntaban a numerosos casos de gastroenteritis entre sus hijos.

Según los expertos consultados por Prodeni, el nitrato puede proceder de los pesticidas de los jardines cercanos o de fugas de aguas fecales en las redes de saneamiento.

Por todo ello, Calvo solicitó a la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social que proceda "de forma inmediata" a analizar las aguas del pozo y que la delegada, Ana Paula Montero, "diga la verdad".

Montero indicó la semana pasada a través de un comunicado que en abril se decidió archivar las denuncias presentadas por las madres, que fueron desacreditadas por los propios inspectores de la Junta, "al no registrar ninguna irregularidad durante su visita", especificó.

Pese a ello, Calvo hizo público esta mañana un documento que él mismo solicitó al Ayuntamiento de Málaga sobre la inspección realizada el pasado 15 de abril en la guardería infantil de Miraflores de El Palo, y en el que se destaca que el personal del centro no facilitó al funcionario la realización de análisis del pozo del que se abastecían. Argumentaron para ello que se debía solicitar autorización previa al encargado, que, según Calvo, "no es otro que el conserje de la urbanización donde está ubicado el centro".

En este escrito se incluyen los análisis realizados en uno de los grifos a los que sí pudo tener acceso, en los que se registraron niveles de cloro aptos para el consumo y dentro de la legalidad.

El informe concluye, no obstante, que "el centro no está conectado a la red municipal de abastecimiento a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa)" y que al funcionario "no se le informó del sistema de aguas", según Calvo, por lo que se instaba a la propietaria de la guardería a que "aporte la documentación oportuna sobre la procedencia del agua y los procesos de tratamiento de desinfección o potabilización que se realicen".

CUOTAS

Otra de las denuncias se refería a las cuotas cobradas por la propietaria de la guardería, A.Q. Al respecto, Calvo manifestó que "sospechamos que la propietaria del centro se beneficiaría de subvenciones por mantener a los niños durante más tiempo del que realmente estaban en el centro".

Ante estas dudas, Prodeni pide a la Delegación que realice una investigación "rigurosa", ya que recordó que la ley obliga a todas las empresas y a aquellos propietarios de pozos que suministren agua a más de 50 personas a declarar la procedencia y las condiciones de potabilidad del agua.

Según Prodeni, la falta de informes hace pensar en "una mano oscura que pretende esconder estos datos" y que se refleja, a su juicio, en que Ana Paula Montero "excusa a la propietaria de los centros de cobrar las cuotas por algún tipo de error administrativo".