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Trujillo cree positivas las determinaciones del POL de Cantabria para la promoción de la vivienda pública
SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, valoró hoy positivamente las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral (POL) para la promoción de viviendas de protección pública en la región. Trujillo hizo estas observaciones durante la reunión que mantuvo esta mañana con el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José Vicente Mediavilla, en la sede del Ministerio.
El consejero explicó a la ministra las características de este instrumento de planificación territorial que establecerá que en los sectores de suelo de los 37 ayuntamientos litorales se deberá destinar al menos un 30 por ciento a usos residenciales de vivienda protegida y un 35 por ciento en las áreas periurbanas, delimitadas por las autovías Santander-Torrelavega y Santander-Bilbao.
Estas medidas, según Mediavilla, son uno de los "criterios inspiradores" del POL y reflejan "el sentir de la mayoría de los ciudadanos".
Del mismo modo, la ministra y el consejero estudiaron el proyecto de construcción de viviendas sociales en la finca de La Remonta, en Santander. En relación con este asunto, Trujillo transmitió a Mediavilla que éste es un proyecto "excelente".
CAMBIOS EN LA LEY ESTATAL
Por otro lado, durante la reunión, se analizaron e intercambiaron impresiones sobre diversas modificaciones de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Así, Mediavilla defendió la necesidad de un cambio en el régimen de valoraciones del suelo con el objetivo de abaratar la vivienda.
Además, el consejero consideró "fundamental" destinar los patrimonios municipales del suelo a viviendas de protección pública. Del mismo modo, Mediavilla apuntó a la ministra la necesidad de que las cesiones de aprovechamiento que se realizan a los ayuntamientos se destinen también a viviendas sociales.
Por último, el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo apostó por el establecimiento de una regulación jurídica para que no se generen supuestos de reversión para el patrimonio regional del suelo.
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