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El conseller Carretero (ERC) reconoce que 'autorizó' la modificación del plan urbanístico de Puigcerdà

Defiende la "legalidad" de los convenios suscritos para la instalación de un "hiper" y una gasolinera

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat, Joan Carretero, reconoció ante la juez instructora del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que la modificación del plan urbanístico del municipio fue autorizado por el consistorio cuando él era alcalde por "motivos de interés general".

En su declaración, que duró casi cinco horas, y a la que ha tenido acceso Europa Press, Carretero aseguró que "no ha adoptado nunca una decisión unipersonal" y añadió que "todas las decisiones las ha adoptado de acuerdo con el equipo de gobierno municipal".

Asimismo, el conseller aseguró que "nunca ha sido advertido o requerido por estar vulnerando la ley, voluntaria o involuntariamente" e insistió en que "en todo momento" lo que decidieron fue "en interés de los ciudadanos y ciudadanas de Puigcerdà".

Carretero fue interrogado en calidad de imputado por el fiscal y los letrados de los querellantes en relación a un presunto delito de prevaricación urbanístico y de desobediencia por los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Puigcerdà en su etapa como alcalde del municipio para la instalación de un centro comercial y de una gasolinera.

PROCEDIMIENTO CORRECTO.

El ex alcalde de Puigcerdà sostuvo que "el equipo de gobierno municipal no omitió ningún procedimiento esencial" en los convenios suscritos y que "el procedimiento administrativo utilizado cree que ha sido el correcto".

A este respecto, Carretero aseguró que "cada vez que consultó con el secretario municipal le informó de que el procedimiento se ajustaba a la legalidad". Precisamente, según el conseller, fue el "secretario municipal" quien le aseguró que el convenio "era conforme a la legalidad urbanística".

Carretero aseguró estar convencido de que el convenio que suscribió fue "de colaboración económica" y no "urbanístico". A este respecto, el conseller aseguró que el secretario municipal le "corroboró que no se trataba de un convenio urbanístico".

Ni el procedimiento para el centro comercial --suscrito con Gesdip-- ni para la instalación de la gasolinera --suscrito con Supeco-Maxor-- contaron con un "informe previo de la arquitecto municipal". Según Carretero, "no se pidió nunca" y la arquitecto se abstuvo de pronunciarse por "estar vinculada al sector", ya que su marido posee dos estaciones de servicio.

Por esta razón, el informe fue elaborado por un "asesor externo" consultado habitualmente por el consistorio en temas de urbanismo, que ayudó a "contestar las alegaciones" planteadas por la Asociación de Bares y Restaurantes, la Asociación de Comercio y por el querellante, Tomás Lamarca, según declaró Carretero.

"FALSO Y TENDENCIOSO".

En relación al primero de los convenios, suscrito el 16 de agosto de 2002 con la empresa Gesdip para la instalación de un centro comercial, Carretero negó haber "vulnerado todas las previsiones legales" y calificó de "falso y tendencioso" acusarlo de "vender" terreno destinado a vivienda, según consta en su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press.

Según el conseller, Gesdip era propietaria de parte de un terreno que destinado a usos "comerciales, hotelero, residencial, asistencial y residencia deportivo" y no "para uso exclusivo como vivienda", tal como sostiene el querellante. De este modo, Carretero aseguró que "no es cierto" que en esa zona estuviera prevista la construcción de 22 viviendas.

El conseller de Gobernación aseguró que "el objetivo de este sector del municipio no era únicamente para viviendas" y en consecuencia, en la parcela propiedad de Gesdip situada en la Closa de l'Angel, la empresa podría haber construido incluso un hotel porque "el uso comercial del plan parcial esta determinado desde el principio".

A cambio de este convenio, GEsdip se comprometió a pagar una cantidad de dinero en efectivo. Carretero reconoció haber visto el "talón" pero aseguró que no recuerda "la cantidad". Sin embargo, negó rotundamente que la empresa pagara más de lo acordado.

En cuanto al convenio suscrito con Supeco-Maxor para la remodelación del centro e instalación de una estación de servicio, Carretero se justificó diciendo que "el ayuntamiento consideraba qu era buena que hiubiera más estaciones de servicio y espacios comerciales" y aseguró que el convenio contemplaba la "remodelación de la superficie" del centro comercial pero no "la ampliación de la superficie construida", que exige una modificación del plan urbanístico.

Asimismo, Carretero explicó que no se procedió a la suspensión cautelar de las obras, ordenada por el TSJC el 16 de octubre de 2003 porque "por lo que sabe, la primera manifestación que hace un TSJusticia, no es suspensiva y por lo tanto, la modificación era firme y ejecutiva" y añadió que "cosa distinta es que la resolución del TSJC fuera firme".