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El PP quiere que el Gobierno garantice un mínimo de cuatro horas de semanales de lengua castellana en todas las CC.AA.
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Grupo Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a garantizar que se impartan un mínimo de cuatro horas semanales de lengua castellana en todas las comunidades autónomas, incluidas las que tienen otra lengua oficial distinta del castellano. En concreto, propone en educación primaria 5 horas semanales de lengua castellana en primer ciclo, y 4 en elresto de ciclos, y en secundaria una media de cuatro horas semanales.
En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP dice que es un criterio didáctico ampliamente compartido que es necesario un mínimo de cuatro horas semanales para asegurar el objetivo del dominio de la lengua castellana al final de la secundaria, y se refiere expresamente el las comunidades con lengua propia.
Sin embargo, subraya que en el desarrollo de la normativa básica, algunas ocmunidades autónomas no han aplicado estas previsiones, ni en el horario ni en el tratamiento que le corresponde como asignatura diferenciada de la ESO. "Este hecho, además de desoir una normativa emanada de las Cortes generales, causa una desigualdad evidente y un grave perjuicio a la formación de los alumnos", subraya el PP.
La proposición no de ley propone además que se establezcan con claridad las reglas precisas para el cumplimiento de la normativa vigente respecto al tratamiento individual de la lengua castellana, para que sean aplicadas con eficacia y en beneficio de los alumnos por los departamentos de lengua de los centros educativos.
CONSEJO ESCOLAR
En otra proposición no de ley, el Grupo Popular insta a que el Gobierno reforme el Consejo Escolar del Estado para articular en su seno la participación de las comunidades autónomas y de sus consejos escolares, para adaptar este órgano a la realidad de transferencias educativas.
Finalmente, una tercera iniciativa presentada por el PP persigue que el Ejecutivo aprueba una normativa básica para el desarrollo de las evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas en educación primaria y secundaria que versen sobre competencias básicas de los planes de estudio. Asimismo, propone planes de evaluación externa en los centros que sean aplicados con periodicidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, conforme a los criterios legalmente establecidos; asi como para el funcionamiento propio de cada centro al final de casa curso.
Finalmente, la iniciativa señala también que el Gobierno asegure que las conclusiones tengan un carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias y los alumnos, y sirvan para desarrollar y aplicar las tareas de mejora de la actividad educativa.
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