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La Audiencia de Alicante esboza un protocolo, pionero en España, para establecer trabajos compensatorios a los penados

Magro dice que el cumplimiento de las actividades evitará "la sensacion de impunidad" en determinados delitos

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, y representantes de los jueces y fiscales alicantinos cerraron hoy las líneas generales de un protocolo, el primero en España, que permite aplicar las penas a Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) mediante un convenio con la administración, por el que se establece una serie de actividades que los condenados podrían cumplir con el fin de evitar la "sensación de impunidad" en determinados delitos.

Tras una reunión, a la que acudió al fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, la decana de los jueces de Alicante, Montserrat Navarro, y los jueces de de lo penal e instrucción de Alicante, Vicente Magro explicó que con la última modificación del Código Penal, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004, se prevé la posibilidad de que para determinados delitos de carácter leve se puedan imponer trabajos en beneficio de la comunidad como pena principal.

No obstante, indicó que el problema al que se enfrentaban los jueces a la hora de emitir sentencias que contemplen TBC es que no había actividades previstas para que los condenados pudieran cumplir las penas. De este modo, podía ocurrir que una sentencia que condenara a estas penas fuera "una sentencia vacía" porque no podía ser cumplida, de forma que el condenado quedaba impune porque el incumplimiento era "por causas que no le son imputables" al condenado.

En este sentido, señaló que estos trabajos no estaban previstos y que era necesario un protocolo de coordinación entre justicia y la administración con el fin de articular un convenio que contemplara qué actividades pueden servir en beneficio a la comunidad a la hora de imponer sentencias de este tipo.

Magro destacó que "no era nuestra obligación" el articular el convenio, pero que han decidido "coger el testigo" para intentar conseguir "una mayor facilidad para la ejecución de estas penas", al tiempo que pidió a las administraciones que "empiecen a comprometerse" porque "la prisión no es la única pena" que se puede aplicar.

PENAS PENDIENTES

De hecho, según Magro, en la provincia de Alicante hay 120 penas de este tipo pendientes de ejecución, anteriores a octubre de 2004, porque no había medios por el que los condenados pudieran hacer trabajos en beneficio de la comunidad, lo que producía una "sensación de impunidad" al condenado, que veía cómo cometía un delito, dictaban sentencia y luego no tenía que cumplir la pena.

Además, tras la reforma este tipo de penas ya no está contemplada sólo de forma subsidiaria sino que también consta en el Código Penal como pena principal para algunos delitos. Así, precisó que la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) se pueden imponer como pena principal o alternativa de otra pena de prisión, lo que faculta al juez para optar por pena privativa de libertad o TBC.

También se pueden sustituir las penas privativas de libertad no superiores a un año por TBC, y de forma excepcional también pueden sustituirse penas privativas de libertad no superior a dos años.

De este modo, determinados delitos de violencia de género con penas inferiores a un año, amenazas y coacciones de violencia de género, así como hurto de vehículo a motor, delitos contra la seguridad del tráfico, incumplimiento e obligaciones familiares, deslucimiento de bienes de dominio público o privado, como pintar paredes, faltas contra el medio ambiente y maltrato a animales.

En todos ellos será la juez de vigilancia penitenciaria la encargada de supervisar el efectivo cumplimiento de las penas impuestas.

En el caso de los delitos de violencia de género los jueces mostraron sus dudas respecto a qué trabajo sería el que debería aplicarse, puesto que la ley prevé que los TBC reparen el daño causado. Sin embargo, Magro subrayó que en el protocolo se ha recogido este principio "excepto" en los casos de violencia doméstica, puesto que "de ninguna forma" el agresor podría tomar contacto con la víctima.

El convenio, que es el primero que se suscribe a nivel nacional entre una audiencia provincial, administraciones locales y una diputación, por lo Magro comentó que cuando se firme se remitirá al Consejo General del Poder Judicial y a los TSJ por si puede servir como base para la misma experiencia en otras provincias.