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PP exigirá en enero incluir el relator de comisiones de investigación en el Reglamento del Congreso, que el PSOE rechaza

Los grupos parlamentarios aprovecharán las vacaciones de Navidad para ultimar sus enmiendas a la reforma reglamentaria

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El PP exigirá el próximo mes de enero, en el que concluye el plazo de enmiendas para la reforma del Reglamento del Congreso, incorporar la figura del relator "independiente" de las comisiones de investigación en las nuevas normas de funcionamiento de la Cámara Baja.

Este asunto, uno de las principales puntos de discrepancia entre 'populares' y socialistas, también podría figurar en las conclusiones del PP para la comisión del 11-M, como recomendación para el futuro, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.

El ponente-relator, que tendrá como función hacer la propuesta de conclusiones de las comisiones de investigación, es una de las principales reivindicaciones del partido de Mariano Rajoy. Con el fin de garantizar la "eficacia e imparcialidad" de este órgano, el PP plantea que sea un "profesional de reconocido prestigio, designado por una mayoría cualificada de la Cámara".

ACTORES EXTRAPARLAMENTARIOS

Sin embargo, el PSOE no está de acuerdo con la propuesta del "relator independiente". A su juicio, incorporar esta figura "introduce actores extraparlamentarios" y "rompe la lógica parlamentaria" porque esta tarea se encargaría a una persona ajena al Congreso.

Precisamente, en estos días se ha tratado este asunto, máxime cuando la portavoz de la Asociación de Afectados del 11-M, Pilar Manjón, criticó el "uso partidista" de la comisión de investigación sobre el 11 de marzo y planteó la creación de una nueva comisión de investigación "independiente". Esta idea es rechazada por todos los grupos de la Cámara, que entiende que esta función investigadora debe residir en el Parlamento.

Tampoco hay consenso en la pretensión del PP de que el principal partido de la oposición tenga garantizada una especie de cupo en materia de comparecencias y petición de documentos en las comisiones de investigación, de forma que tales solicitudes no puedan ser paralizadas por la mayoría.

Por lo tanto, hasta ahora sólo existe un "acuerdo básico" fraguado en el año 2001 respecto a constitución de las comisiones de investigación y que consiste en considerar constituido este órgano si en el plazo de 15 días ningún grupo se opone formalmente. Si hay oposición, sólo podrá rechazarse su creación por mayoría absoluta.

LOS GRUPOS ULTIMAN SUS PROPUESTAS EN NAVIDAD

Entretanto, los ochos grupos ultiman sus propuestas para la reforma del Reglamento, habida cuenta de que en enero termina el plazo de presentación de enmiendas al 'borrador provisional" elaborado por los Servicios Jurídicos.

Por lo pronto, hay consensos "básicos" en aspectos como la creación de la Oficina Presupuestaria (pese a que aún no se ha concretado el modelo de funcionamiento que debe tener este órgano) o en la agilización del procedimiento legislativo (que fomentaría el debate político en el Pleno y dejaría los aspectos más técnicos para el trabajo en las ponencias y comisiones).

Las principales discrepancias radican, aparte de en la figura del relator de las comisiones de investigación, en la periodicidad de las interpelaciones del control al Gobierno. Así, el PSOE rechaza de plano la pretensión del PP de que el principal partido de la oposición interpele semanalmente al jefe del Ejecutivo. Tampoco hay acuerdo cerrado sobre la creación de los grupos parlamentarios, aunque hay coincidencia en que es necesario flexibilizar los criterios de constitución.

Por su parte, los grupos minoritarios han pactado impulsar una estrategia común para sacar adelante aspectos como la regulación del uso de las lenguas cooficiales en el futuro Reglamento del Congreso. Así lo acordaron en una reunión convocada en Sitges (Barcelona) el pasado 20 de diciembre, y a la que asistieron representantes de CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Mixto. No obstante, 'populares' y socialistas no ven con buenos ojos esta posibilidad y optan por que el uso del euskera, el gallego y el catalán se regulen en el Senado.