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Derrumbe.-La comisión de investigación examinará la adjudicación de la obra pública entre 1999 y 2005

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El Parlament aprobó hoy por unanimidad crear una comisión de investigación sobre el proyecto, adjudicación, ejecución y control e las obras de la Línea 5 del Metro, especialmente a su paso por el barrio del Carmel, así como los procedimientos de adjudicación, financiación y gestión de la obra pública en Catalunya en el período comprendido entre 1999 y 2005. La comisión era consensuada por todos los grupos parlamentarios y deberá concluir sus trabajos en el plazo de dos meses.

Según la resolución suscrita por CiU, PSC, ERC, PP e ICV-EA, el objetivo de la comisión es analizar y elaborar propuestas sobre los antecedentes y los hechos que han conducido al hundimiento del túnel de maniobras en el barrio del Carmel de Barcelona y sus consecuencias. Asimismo, se abordarán las condiciones actuales de adjudicación, financiación y gestión de la obra pública en Catalunya y la modificación de estas condiciones.

La comisión estará formada por dos miembros de cada grupo parlamentario y se incorporarán siete expertos de reconocida solvencia y prestigio profesional, que serán designados por mayoría de tres quintas partes del voto ponderado de los miembros de la comisión, lo que supone que CiU siempre ha de dar el visto bueno a las propuestas de comparecencias.

Los expertos participarán en todos los trabajos y debates de la comisión con voz pero sin voto, podrán formular preguntas a los comparecientes, estudiar la documentación que se aporte y proponer demandas de nueva documentación y comparecencias, valorar y redactar la parte técnica del dictamen, incluídas las conclusiones.

Por otra parte, los socios del tripartito aprobaron, con los votos en contra de CiU, crear una oficina "antifraude dentro de la administración de la Generalitat y el sector público". La oficina, que debe entrar en funcionamiento en el plazo de cuatro meses, estará adscrita a la Conselleria de Presidencia y dependerá del 'conseller en cap'. El objetivo es que este organismo actúe con "plena independencia y poderes plenos para la investigación y el control del fraude y cualquier actividad ilegal o conducta fraudulenta".

En el caso en que haya implicados recursos presupuestarios se informará al conseller de Economía y Finanzas, que designará a las personas de este departamento que se deben integrar en el equipo de investigación.

Asimismo, en sus propuestas de resolución se concretaron las medidas anunciadas durante la sesión plenaria de ayer, como la reorganización de la estructura de GISA en tres direcciones diferenciadas para obras viarias, ferroviarias y de obra civil, y "estudiar la posibilidad de que la presidencia de esta empresa pública se segregue de las funciones de consejero delegado y una de estas funciones recaiga en un alto cargo de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, para visualizar mejor su dependencia respecto del Gobierno".

Además, el tripartito se comprometió a presentar en seis meses proyectos de ley para permitir que la Sindicatura de Cuentas fiscalice los contratos administrativos y potencie su control sobre la gestión presupuestaria del sector público catalán; una ley reguladora de la obra pública en Catalunya, una ley ferroviaria y una ley de creación del Instituto de Geología y Geofísica de Catalunya.

Desde CiU y PP se pidió la reprobación del conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, aunque los populares extendieron su demanda al secretario de Comunicación, Enric Marín. Asimismo, la oposición coincidió en reclamar que el Gobierno del Estado "amplíe" las ayudas a los afectados del Carmel y acuerde beneficios fiscales para todos ellos.

UNANIMIDAD PARA RESTABLECER LAS PÉRDIDAS.

Así se decidió en la segunda y última sesión del pleno monográfico del Parlament sobre el hundimiento de un túnel en el barrio barcelonés del Carmel. En cuanto a las enmiendas transaccionales, se aprobó una presentada por todos los grupos, para garantizar el restablecimiento de todas las pérdidas a los afectados, realojarlos de forma provisional "dignamente" y volver a inspeccionar todas las viviendas del barrio cinco años después del final de las reparaciones.

El tripartito y el PP acordaron tres resoluciones para para crear un fondo específico de rehabilitación integral del Carmel, pedir al Estado que libere del IRPF todas las ayudas para afectados, y negociar con el Gobierno central que aplique las indicaciones de seguridad que se adopten en las obras públicas catalanas. Por último, tripartito y CiU transaccionaron una resolución para que la Generalitat negocie con las entidades financieras una moratoria de intereses y amortización de crédito para todas las hipotecas vinculadas a los afectados.

El tripartito sacó adelante todas sus propuestas de resolución: tres de ellas con el apoyo de CiU pero con el rechazo o abstención del PP, y una con el apoyo del PP --la de la oficina antifraude--. CiU rechazó definir junto a los vecinos las indemnizaciones y obligar a las empresas a responder ante terceros con indemnizaciones por los daños causados.

PP y CiU rechazaron parte de las resoluciones del tripartito sobre indemnizaciones y algunas medidas sobre la auditoría de las grandes obras públicas. El PP se abstuvo en una resolución de reforma de la empresa pública GISA --CiU lo rechazó--, y en otra de modificación de la ley de la Sindicatura de Cuentas para fiscalizar los contratos administrativos. También se abstuvo en un punto de una resolución sobre la suspensión de las obras de prolongación de la Línea 5 de Metro.