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Derrumbe.- La comisión de investigación examinará la adjudicación de la obra pública entre 1999 y 2005
QUE MARAGALL VAYA A LA COMISIÓN.
En el turno de intervención de los grupos antes de votar las resoluciones, Francesc Vendrell (PP) pidió que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, comparezca en la comisión parlamentaria para explicarse sobre su acusación a CiU de cobrar comisiones de constructoras por adjudicar obras en sus años de gobierno. Además, reiteró la petición de que dimita el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal.
Josep Rull (CiU) dijo que Nadal ha sido "incapaz de explicarse" sobre las causas reales de los hechos del Carmel por "el día a día de la ejecución de las obras" y preguntó "quién ordenó realojar" a los vecinos tras hacerles salir de sus casas. Además, pidió al presidente de la Generalitat cesar a Nadal "de manera inmediata". Reclamó una "comisión de investigación", que el PSC "se negaba a crear en un principio" quizás por tener "algo que ocultar", y apostó por "no poner límites al contenido" de la investigación, para aportar la "transparencia necesaria" en vez de "referencias inciertas al pasado".
Miquel Iceta (PSC) dijo que la creación de esta comisión "no busca venganzas políticas" sino "garantías" a los ciudadanos sobre la acción política y aseguró que, tras la investigación de la crisis del Carmel, el Gobierno está dispuesto a, "si fuera necesario, depurar responsabilidades que no hubieran sido ya depuradas" en el seno del tripartito.
Aplaudió las "medidas de apoyo a los afectados" de las resoluciones para garantizar la "habitabilidad de las viviendas, reparar los daños causados, asegurar la asistencia jurídica gratuita de los afectados", así como "medidas concretas para asegurar que las obras de la Línea 5 no volverán a sufrir los defectos de un mal proyecto y de un método constructivo que requiere más medidas de seguridad de las previstas". Así, señaló la reforma de la gestión de GISA para que "no sea la misma empresa la que controle" su propio trabajo y la creación de una Oficina Antifraude para "detectar" irregularidades de financiación "y depurar responsabilidades en este tema".
Oriol Amorós (ERC) definió las resoluciones de hoy como "un mensaje claro" a los 1.057 desalojados para recuperar su "confianza" y no dejar "ninguna sombra de duda de la voluntad del Gobierno de ayudar a los vecinos del Carmel" y de "rectificar las causas" del siniestro, que delimitó en "las malas prácticas en los sistemas de contratación" de las obras públicas.
Destacó la "preocupación de todos lo grupos" acerca del "otro tema surgido en el debate" de ayer, en relación a las supuesta financiación irregular del Gobierno de CiU, por lo que se ha propuesto una resolución para crear "una oficina contra el fraude" así como una comisión de investigación de la crisis. Consideró que estas medidas abren "una etapa nueva" en el sistema de contratación de la obra pública y en la financiación de los partidos, de la que advirtió que "no se vale decir" que los "donativos anónimos" son una "herramienta necesaria para la financiación de los partidos".
Jordi Miralles (ICV-EA) remarcó que "hasta que todo el mundo no esté en su casa, ésta será la prioridad absoluta de la acción del Gobierno", para dar "realojo, vivienda, indemnización y asesoría jurídica a los vecinos del Carmel". Destacó las medidas de ayuda a los afectados como las conclusiones más importantes del pleno y las medidas para "modificar lo que no se ha hecho bien en la contratación y ejecutación de las obras públicas" y que ha salido a la luz con esta crisis, para lo que se añaden resoluciones de la Cámara para garantizar la "democracia y la transparencia" en el sistema político catalán.
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