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Derrumbe.- Abogados de los afectados reclaman 'rapidez' en las ayudas y la Generalitat pide poder entrar en las casas
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
Abogados de los afectados por los hundimientos y desalojos en el barrio barcelonés del Carmelo reclamaron hoy a la Generalitat "rapidez" en la aplicación de las medidas aprobadas hoy en el Parlament. Por su parte, la Generalitat pidió que medien con los vecinos para que dejen entrar a los peritos a las viviendas con el fin de verificar que los inmuebles son seguros.
Los abogados, un total de siete, representan a las 34 familias que serán realojadas por sus viviendas, las del del edificio derruido de pasaje Calafell 10 y las de los tres bloques que serán derribados próximamente, pasaje Calafell 6 y 8 y Conca de Tremp 6. También explicaron que representan a otros 200 perjudicados y reclamaron "rapidez" en la aplicación de las medidas para "compensar" a los afectados por derribos con "una vivienda nueva y digna" en el mismo barrio e "indemnizaciones por el contenido" de sus casas y por "los daños morales sufridos".
En una conversación espontánea surgida en los pasillos de la Cámara con el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, y la consellera de Interior, Montserrat Tura, ésta última pidió también a los letrados "que aconsejen a sus representados que dejen entrar a los peritos en sus viviendas" para realizar las inspecciones "porque de lo contrario el proceso de derribo" de los edificios que lo necesitan "se alargará mucho".
El abogado de Ebame Joan Antequera se mostró de acuerdo con las medidas aprobadas hoy por los grupos políticos "si se aplican con la máxima rapidez, a partir de mañana mismo si es posible", dado que, según denunció el letrado, la "negociación" de las indemnizaciones con las administraciones "está estancada" desde hace días.
"Lo que no queremos son discusiones políticas para intentar desviar la atención, debatiendo sobre quién es el responsable o no, eso ya lo determinará la justicia, pero mientras no queremos que se alargue en exceso el procedimiento" de indemnizaciones y realojos, indicó Antequera. Por ello, los letrados pidieron que "no se espere ni quince días" para poner en marcha las resoluciones aprobadas esta mañana, puesto que las familias "siguen en hoteles esperando una solución a sus problemas".
Para acelerar esta negociación de ayudas con la administración catalana, los letrados solicitaron a Nadal una entrevista lo antes posible, a lo que el conseller se comprometió "en los primeros días de la semana que viene".
El abogado Jaime Martín Puchol, que representa a la familia del 4º 2ª del pasaje Calafell número 10, edificio ya derruido, explicó que hasta hoy las reuniones de los abogados se han limitado al secretario de Vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández, y algún otro responsable de la administración "sin capacidad para tomar decisiones", por lo que le pidió directamente a Nadal poder reunirse con él.
Por su parte, la consellera Tura, que dialogó con los letrados durante bastante tiempo después de que Nadal se retirase de la conversación, les pidió a los abogados que recomienden a sus representados, en especial a los que viven en los alrededores de los edificios que han de ser derruidos, "que permitan realizar las inspecciones en sus pisos" y dejen entrar a los peritos en sus casas, a lo que hoy se niegan muchas familias, "porque si no el proceso de demolición se alargará demasiado".
Tura explicó que la Generalitat "ha optado por un método de demolición muy lento", que definió de "quirúrgico" por la cantidad de procedimientos que requiere para garantizar el máximo cuidado en el proceso, entre ellos las inspecciones.
Por ello, la consellera señaló que si los vecinos no permiten a los peritos realizar las inspecciones de sus viviendas, los derribos se retrasarán, "y el tiempo que las familias desalojadas deberán permanecer en los hoteles se alargará sin necesidad". Tura aseguró que "las inspecciones no interfieren en absoluto con la salud de las personas" y las familias no han de temer nada de este proceso, tampoco por "razones económicas".
A este requerimiento, abogadas del Colectivo Ronda que participaron en la conversación insistían a la consellera Tura que "debe comprender el grado de desconfianza de estas personas en la administración" catalana, después de lo ocurrido, a lo que la consellera respondió alegando todas "las reuniones de vecinos con expertos técnicos" que ha organizado la Generalitat para "explicarles detalladamente el proceso de rehabilitación de sus viviendas".
Los letrados, siete abogados entre los que tres son independientes y el resto forman parte del Colectivo Ronda y de Ebame, pidieron a los consellers que dejen de reconocer como interlocutora en sus negociaciones a la Asociación de Vecinos del Carmelo porque "no representa a los afectados ni a las familias víctimas de derribos", a lo que Tura les respondió que "no pueden pedir que sustituya la representación vecinal por representación letrada".
Los siete letrados, que coordinan sus acciones, destacaron que representan en conjunto a las 34 familias que han perdido o perderán sus viviendas en los derribos, y a unos 200 afectados más por grietas y daños en sus viviendas y negocios.
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