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La Junta defiende que el TSJA sea la última instancia judicial en Andalucía
El fiscal jefe del Tribunal apuesta por una "ampliación de competencias" para hacer efectivo el derecho a la doble instancia
SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María José López, se ha mostrado "convencida" de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sea la última instancia judicial es el "único camino" para que "de verdad obtenga sentido" la reestructuración para los tribunales superiores de justicia.
En declaraciones a Europa Press, López se refirió a la propuesta del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de que la reforma del Estatuto contemple dicha posibilidad, y añadió al respecto que "esa competencia tenía que estar aquí". A juicio de la titular de Justicia, "qué mejor momento" que una reforma estatutaria para plantearlo dentro de la organización de las jurisdicciones.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, suscribió "plenamente" la propuesta de Chaves en una visita reciente a Jaén y recordó que "es exactamente lo que dice el artículo 152 de la Constitución" y que está incluido en el programa del PSOE, en el programa de investidura del presidente Rodríguez Zapatero y en el programa de actuación que el propio ministro comprometió "ante el Congreso" para desarrollar.
También se refirió a esta cuestión el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, quien apostó por una "ampliación de competencias" para hacer efectivo el derecho a la doble instancia penal. Al respecto, según continuó con su "opinión personal", consideró "aconsejable y necesario" dicha ampliación de competencias, con las que cabría el recurso de apelación al tribunal superior y una posterior casación. A ello, colaboraría mucho la "unificación de criterios" en los órganos judiciales, concluyó.
Según recordó hace unas fechas el ministro López Aguilar, esta medida permitirá "adecuarse a la realidad del Estado autonómico", donde las regiones llevan "más de 20 años legislando y produciendo sus propios ordenamientos jurídicos". La propia Constitución la consagra, según López Aguilar, "como culminación de la organización judicial en el territorio de las comunidades autónomas".
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