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Facturas.- La Fiscalía denuncia a Pardo, García, Marín, Barrera y a un empleado del Distrito Macarena

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Sevilla ha interpuesto hoy una denuncia penal ante los Juzgados contra cinco personas relacionadas con el caso de las facturas falsas en el Ayuntamiento de la capital por los presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil y de malversación de caudales públicos, informó la Fiscalía en un comunicado remitido a Europa Press.

Los denunciados son el empresario José Pardo, que supuestamente cobró dos facturas falsas al Consistorio; el ex concejal de Salud y Consumo José Antonio García; el ex director de Área de Salud y Consumo José Marín; un socio de Pardo llamado Jesús Barrera; y un empleado municipal del Distrito Macarena, Manuel Portela, "sin perjuicio de cualquier otra persona que pudiera resultar implicada durante la instrucción".

Según la Fiscalía, los hechos relatados podrían ser constitutivos de delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil de los artículos 390 y 392 del Código Penal; y de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal, por lo que interpone denuncia con el propósito de que "se dilucide en los Tribunales los hechos y las responsabilidades penales a exigir".

Se trata de la primera línea de investigación, de la que se hizo cargo en marzo la fiscal María Dolores Villalonga a raíz de la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Andalucista, a la que se unió después la documentación aportada por el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, relativa al escrito recibido a nombre del administrador único de Contratas y Obras Sevilla S.L. (COS), David Velázquez, en el que afirmaba que había facturas correspondientes con obras que COS no desarrolló.

La Fiscalía argumenta su denuncia en que entre el 5 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003, José Pardo y Jesús Barrera, sin conocimiento del administrador único de COS, firmaron con José Marín, secretario del Distrito Macarena, 28 adjudicaciones de obras menores de carácter urgente, consignando en los documentos correspondientes, como empresa adjudicataria a COS, y señalando como representante de la misma a José Pardo García.

VERIFICACIÓN MUNICIPAL DE OBRAS NO EJECUTADAS

Según el Ministerio Público, de las 28 obras, dos al menos, consistentes en la demolición de los módulos sitos en la Plaza de la Iglesia de la barriada de San Diego y frente a la barriada de Las Almenas, no se ejecutaron, "dándolas por hechas" el empleado municipal encargado de su verificación, Manuel Portela Alcántara.

Igualmente, la Fiscalía señala que José Pardo entregó a José Marín el 7 de mayo de 2003 las 28 facturas, incluidas las relativas a las obras no ejecutadas, admitiéndolas no obstante todas ellas el Secretario del Distrito Macarena y extendiendo los cheques de la cuenta de la que el Distrito Macarena es titular en la Caja de Ahorros El Monte, como nominativos a favor de COS, firmándolos el concejal delegado del Distrito Macarena, José Antonio García.

De esta forma, el Ministerio Fiscal sostiene que "José Pardo cobró por ventanilla, en la citada sucursal bancaria de calle León XIII, los 28 cheques, los días 8 y 9 de mayo de 2003, exhibiendo simplemente su DNI", mientras que el concejal José Antonio García "prestó su conformidad a la cuenta así elaborada, estampando su firma al pié de la misma el día 24 de enero de 2005, presentándola para su aprobación en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla convocada para el día 10 de marzo de 2005".

Según la Fiscalía, las diligencias de investigación realizadas hasta ahora han estado orientadas a "verificar los hechos denunciados y la apariencia de delito de los mismos, así como a determinar las personas que pudieran tener responsabilidad en ellos, habiéndose obtenido pruebas documentales y recabado testificales y declaraciones de quienes podían aparecer con responsabilidad en los hechos, tendentes en definitiva a delimitar la relevancia penal".

NO HAY POSICIÓN DEFINITIVA DE LA FISCALÍA

En cualquier caso, el Ministerio Público subraya que "estas diligencias se han practicado con carácter inicial, para resolver si el caso debía ser remitido o no a los tribunales, y sin que prejuzguen la conclusión del mismo, ni la posición definitiva del Fiscal en la causa".

De este modo, a partir de ese momento se iniciará la instrucción judicial de la causa en la que, según la Fiscalía, se agotará la investigación de los hechos "con todas las garantías y derechos de contradicción para los denunciados quienes podrán ejercitar su derecho a la defensa y aportar las pruebas que estimen pertinentes".


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