Noticias de España - Noticias locales

Los juzgados de la Comunidad Valenciana registraron 12.000 denuncias por violencia doméstica en 2004

De la Rúa considera que la cifra "consolida la práctica de denunciar" y cree que muestra un fallo en la actuación social-preventiva

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Los juzgados de la Comunidad Valenciana registraron durante el pasado año 12.000 denuncias por violencia doméstica, --5.869 en Valencia, 4.915 en Alicante y 1.216 en Castellón--, una cifra que supone que se "ha consolidado la práctica de denunciar" y que significa que la mujer "maltratada y vejada tiene conciencia de que puede acudir a la Justicia", según aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía, Juan Luis de la Rúa, durante la presentación de la Memoria de esta institución de 2004.

Este es el primer año completo del que se disponen estadísticas en esta materia ya que el ejercicio anterior se comenzaron a hacer a partir del segundo semestre. De la Rúa señaló que le "preocupa" que el número sea "elevado" porque significa que "hasta cierto punto está fallando la actuación social preventiva", que debería preceder a la entrada en acción del derecho penal, cuyo carácter es de intervención mínima. Por ello, mostró su esperanza de que la Ley integral contra la violencia de género aprobada a finales del pasado año sea "muy efectiva en el orden preventivo, que es donde debiera incidirse".

El presidente del TSJCV destacó también que de las 12.000 denuncias presentadas hubo 982 desistimientos (517 en Valencia; 357 en Alicante y 108 en Castellón), lo que supone un 8,20 por ciento del total, un porcentaje algo menor al registrado en 2003, del que sí se tienen datos, que fue de alrededor del 10 por ciento. En este sentido, según se explica en la Memoria, ésta es una materia "en donde priman y confluyen los sentimientos y el indudable juego de las dependencias económicas".

De la cifra global, en el 89,72 por ciento de las denuncias la víctima fue una mujer y en el 10,28 por ciento un hombre. Asimismo, los juzgados dictaron 3.526 órdenes de protección (1.062 en Valencia, 2.977 en Alicante y 688 en Castellón) y adoptaron 5.507 medidas penales y 1.610 civiles. Preguntado por si hay constancia de la existencia de denuncias falsas en esta materia, De la Rúa indicó que no hay estadísticas directas y, por tanto, no tiene elementos de juicio para afirmarlo.

La Memoria señala que, desde el punto de vista del enjuiciamiento, gran parte de los asuntos fueron objeto de tramitación por la vía de las diligencias urgentes y juicios rápidos o por el juicio de faltas, por lo que se observó "una acusada agilidad" en la resolución.

Por ello, el número de asuntos pendientes fue "ciertamente mínimo" en todos los órganos judiciales. Asimismo, destaca que hay una "manifiesta desproporción" entre las sentencias condenatorias --mucho mayor-- y las absolutorias así como una "manifiesta sensibilidad del colectivo judicial hacia este problema, de tal modo que se constata cómo se procura la mayor agilidad en la tramitación de este tipo de causas".

El presidente señala en la Memoria que se debe confiar en que la nueva ley "se constituya en el instrumento idóneo para la prevención y erradicación de la violencia", con las medidas educativas, preventivas y asistenciales, ya que considera que desde el punto de vista procesal y penal "no parece que se hayan adoptado las soluciones más adecuadas" porque se ha "limitado" a un "número insignificante" la creación de los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer de manera que en la práctica totalidad de los casos, se compatibilizan estas instancias con las que ya existen.

EXPERIENCIA ANTERIOR

De la Rúa subraya que hace esta valoración con "conocimiento de causa" tras la experiencia que en el ámbito de la Comunidad Valenciana se realizó en los partidos judiciales de Alicante, Elche y Orihuela, "en que hubo que terminar por hacer desaparecer los juzgados sobre violencia doméstica, que se habían puesto en marcha" porque su "principal defecto" fue "precisamente retrasar la tramitación de los asuntos de este signo", lo que es un "efecto totalmente contrario a la racionalización y agilización propugnada".

Por ello, señala que ante la "total ausencia de criterios" que delimiten cómo se desarrollará esta compatibilidad de materias, la implantación de la nueva ley se debe considerar "con acusada inquietud en tanto no se llegue a dar la conveniente respuesta a la problemática que se trata de atajar" y cree que, por contra, sí se pueden provocar "serias disfunciones" en la actuación de los órganos judiciales.

En este sentido, De la Rúa explicó en rueda de prensa que lo "ideal" habría sido que se crearan juzgados exclusivos para esta materia en cada uno de los partidos judiciales de la Comunidad (está previsto sólo para las capitales de Valencia y Alicante), o incluso "comarcalizar" estos juzgados. En algunas zonas de la Comunidad se han hecho ya modificaciones de las normas de reparto entre las distintas instancias para compensar las cargas de trabajo que tendrán que soportar. "La Ley está ahí y tenemos que llevarla a cabo", dijo.


© Lexur