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El Gobierno aragonés reclamará al Estado la compensación financiera por las mermas recaudatorias en los tributos cedidos

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

El Ejecutivo autónomo reclamará al Estado la compensación financiera por las mermas recaudatorias en los tributos cedidos a la comunidad autónoma tras las distinas medidas legislativas adoptadas por anteriores gobiernos. Si el Ejecutivo central se niega a estudiar el tema y a cuantificar la deuda, Aragón recurrirá al Tribunal Supremo.

Así lo anunció hoy el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, quien puso de manifiesto que se trata de una reinvindicación "singular" pero "crucial", porque supone "reconocer los derechos que tienen los aragoneses" y cumplir el Estatuto de Autonomía, en cuya disposición segunda se recoge el derecho de Aragón a ser compensada por las mermas recaudatorias.

El próximo martes, el Consejo de Gobierno facultará a Bandrés a enviar una solicitud al Consejo de Ministros para que se abra un periodo probatorio en el que ambas administraciones cuantifiquen la compensación. Una vez notificada la reivindicación, el Estado tendrá tres meses de plazo para contestar.

Si la respuesta es afirmativa, comenzará inmediatamente el periodo de estudio. Por el contrario, si la contestación fuera negativa, el Gobierno de Aragón tendría dos meses para acudir al Tribunal Supremo.

También puede darse el caso de que no se reciba ningún tipo de respuesta, hecho que habilitaría a la comunidad autónoma a recurrir, en un plazo de seis meses, a la vía judicial. Llegar al Supremo supondría retrasar el asunto, ya que este tribunal tarda unos dos ó tres años en dictar sentencia. No obstante, el director general de Tributos del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, confió en que tratándose de una cuestión singular "se puede resolver antes".

"No es que no queramos ir directamente a los tribunales y que estemos dilatando el tema", explicó Bandrés, "sino que primero debemos solicitarlo al Consejo de Ministros porque el procedimiento es así", puntualizó. En cualquier caso, si comenzaran las negociaciones entre ambas administraciones "retiraríamos el recurso", adelantó.

Este medida que va a adoptar el Gobierno de Aragón no es un hecho desconocido para el Ejecutivo central. A finales de 2004, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, acordó que si en un plazo de cuatro meses no se pactaba una solución, comenzaría el trámite.

Durante este tiempo, ambas administraciones se han reunido, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. "Ha sido un proceso de diálogo discreto que no ha dado ningún resultado", señaló el consejero Bandrés.

De hecho, amparándose en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma, se pidió la creación de una comisión bilateral de la que saliera un grupo de trabajo que analizara el asunto, "pero no fue posible", lamentó Bandrés. Tal vez se explique, dijo, porque el Gobierno central "tiene cierta aversión a tratar de forma bilateral la financiación autonómica".

UNA MERMA DE HACE AÑOS

El titular de Economía, Hacienda y Empleo del Ejecutivo aragonés puso énfasis en que la compensación que se reclama viene de años atrás, por tanto no cuestiona la actuación del actual Gobierno central. "No apelamos a la responsabilidad de un gobierno, sino a la responsabilidad del Estado por decisiones legislativas adoptadas en el pasado", puntualizó Bandrés.

Así, explicó que en los últimos años --tampoco concretó desde hace cuánto-- se han adoptado determinadas medidas legislativas de las Cortes generales que han supuesto una minoración de la recaudación de las comunidades autónomas de régimen común. Entre las más conocidas y a modo de ejemplo, destacan la exención de la vivienda habitual en el Impuesto sobre el Patrimonio o la reducción del IRPF en 2001.

Éstas y otras medidas, legítimamente adoptadas por el Gobierno de España, han supuesto un descenso de la recaudación, no sólo de la Administración General del Estado, sino también del conjunto de comunidades autónomas.

Aunque han pasado varios años, el director general de Tributos, Francismo Pozuelo, informó de que este tipo de reclamaciones no prescriben, ya que al haberse sucedido distintos modelos financieros, no se puede fijar un plazo vencible.

En cuanto a la cantidad de dinero con la que debe ser compensada la comunidad autónoma, Bandrés se mostró cauto y no quiso hacer estimaciones. La cuantificación, insistió, se hará durante el periodo probatorio o en los tribunales como última instancia.