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Noticias de España - Noticias locales |
Junta de Andalucía garantiza la estancia indefinida en Nerva (Huelva) de los 12 ancianos que vivían en el centro de Cala
HUELVA, 09 (EUROPA PRESS)
El delegado para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta en Huelva, José Martín, garantizó hoy la estancia de carácter "indefinido" en la residencia de ancianos de Nerva (Huelva) de los 12 residentes en el centro de Cala que la Junta clausuró en el día de ayer por presentar deficiencias en sus instalaciones.
En rueda de prensa, Martín explicó que los 12 ancianos que procedían del centro 'La Muralla' de Cala entraron con un "gran nivel de aceptación" por la calidad de la residencia de Nerva, donde "permanecerán en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los residentes".
Además, recordó que las instalaciones de 'La Muralla' están precintadas y "no podrá tener utilidad de residencia de mayores porque es ilegal, a menos que se presente en la Delegación un nuevo proyecto que cumpla con la normativa vigente" y advirtió de que, si se rompe el precinto, "se estaría cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad".
La Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, en colaboración con los agentes de la Policía Autonómica, procedió ayer al cierre y precintado de esta residencia de mayores La Muralla, de Cala, dando así cumplimiento a la resolución de la Consejería que determinó esta medida ante las supuestas deficiencias del centro.
En concreto y, según el delegado, las habitaciones del centro eran demasiado pequeñas y no contaban con baños, mientras que el centro carecía de salas de terapia y, aunque la comida era buena, no se adaptaba a las necesidades particulares de los internos, de edades comprendidas entre los 70 y los 99 años, a los que la propietaria del centro había arrendado las habitaciones.
El cierre de la residencia responde a la resolución de una sentencia judicial que absolvía a la propietaria del centro de un delito de desobediencia que le inculpaba la Junta de Andalucía por considerar que ésta no había atendido a los requerimientos de la Administración de la Junta para que cerrase la residencia de mayores ante las deficiencias detectadas desde el año 2000, un año después de su puesta en marcha.
Este centro recibió la autorización de la Junta de Andalucía para su puesta en marcha en 1999, aunque ya en 2000 se le hizo un requerimiento para que subsanara algunas deficiencias de las instalaciones y, ante la negativa de la propietaria, se le comunicó la intención de cerrar la residencia.
Además, la propietaria hizo caso omiso y la residencia siguió funcionando a pesar de los múltiples requerimientos, de las sanciones impuestas --una de ellas en 2001 de 140.000 euros y la otra, en 2003, de 120.000 euros-- y de las continuas llamadas para el cierre de las instalaciones.
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