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Ibáñez afirma que los Ayuntamientos son quienes deben ofertar los puestos para agentes locales en segunda actividad

VALENCIA, 09 (EUROPA PRESS)

El director general de Interior, Luis Ibáñez, aseguró hoy que actualmente, de acuerdo con la legislación vigente, son los Ayuntamientos los que deben ofertar los puestos de trabajo destinados a los agentes de la Policía Local que, por edad, se acogen a la segunda actividad a los 55 años, con el mismo sueldo, según informaron fuentes de la Generalitat.

Ibáñez, que hoy presentó el borrador que recoge la modificación del régimen de la segunda actividad de la Policía Local, regulado en la Ley 6/1999, indicó que el "problema, a la hora de aplicar la norma, estriba en establecer esas plazas para los agentes que estén en régimen de segunda actividad, puesto que muchos Ayuntamientos no las han previsto". La segunda actividad también se encuentra regulada en el Decreto 19/2003 por el que se aprueba la Norma Marco de la Policía Local, denunciado por los sindicatos en dos ocasiones aunque, según Ibáñez, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha considerado que se ajusta a derecho.

En el caso de que el Ayuntamiento no haya previsto el puesto de segunda actividad ni en el propio cuerpo de la Policía ni en el resto del organigrama municipal, "es cuando el policía pasa a una situación que se llama segunda actividad sin destino". En este supuesto, dado que no tiene puesto donde realizar sus funciones, están en 'expectativa de destino', sin acudir a su centro de trabajo y cobrando un sueldo íntegro menos un 20 por ciento, durante un tiempo máximo de un año para que el consistorio pueda darle un puesto.

Para el director general de Interior, las reivindicaciones que en este sentido exigen los sindicatos "pretenden que se modifique la Ley de Coordinación para introducir una nueva figura que no existe ni en la legislación del Estado ni en las distintas leyes de coordinación que hay en otras comunidades autónomas".

Así, explicó que "solicitan que el agente que tenga 60 años, de forma voluntaria, pida el pase a una situación de segunda actividad sin destino y cobrando el 80 por ciento del sueldo". Ibáñez señaló que este planteamiento "fue puesto en conocimiento de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y todos los representantes municipales sin distinción política se opusieron de manera taxativa". No obstante, señaló que en la Junta de Portavoces de la FVMP "se añadió que si alguna administración ajena a la local se hiciera cargo del coste admitirían la propuesta de modificación de la ley".

Ibáñez consideró que "en toda esta discusión, subyace el tema de que los policías locales vienen ejerciendo funciones propias de los Cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil, por no cubrir con sus efectivos las reclamaciones de los ciudadanos de inseguridad ciudadana, por lo que la conselleria entiende que deberá ser la Administración del Estado la que asuma, en todo caso, estos costes, por cuanto es el Ministerio del Interior el que provoca la situación con su falta de previsión de efectivos policiales".

BORRADOR

El director general explicó que el borrador presentado "recoge aquellas propuestas que suponen mejoras en el servicio que prestan los agentes municipales pero siempre y cuando se ajusten a la legalidad vigente".

Según la Generalitat, entre las propuestas contempladas en la reforma destaca el estudio conjunto con los Ayuntamientos de planes de prejubilación y se plantea la posibilidad de crear plazas en la administración autonómica, mediante suscripción de convenios, para acoger a estos agentes.

La Generalitat señaló que se ha pensado que estos policías pasen a custodiar edificios públicos como museos o institutos que, "hoy por hoy, cuentan con seguridad privada". En relación con el sueldo, "se analizaría alguna fórmula para que lo asumiera parte los Ayuntamientos y parte la Generalitat Valenciana".

Según añadieron las mismas fuentes, el borrador ha sido propuesto por el Gabinete Técnico de Policías Locales, "órgano en el que los representantes de los sindicatos policiales y los técnicos preparan los informes que se elevan a la Comisión, para que se estudien dichas propuestas y se pueda configurar un documento definitivo".