Noticias de España - Noticias locales

Guerra se reunió con la secretaria autonómica del PP para plantear dudas constitucionales sobre el Estatuto valenciano

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, se reunió hace unos días con la secretaria ejecutiva de política autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, para plantearle sus dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos del proyecto de Estatuto valenciano, confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

Estas fuentes apuntaron que Guerra se mostró preocupado por la viabilidad de los artículos que conciernen a la Administración de Justicia, especialmente los que se refieren al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), el derecho foral y la creación de un 'Consell' propio.

El artículo 37 del proyecto remitido por las Cortes valencianas al Congreso de los Diputados dice que "El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es el órgano jurisdiccional en el que culmina la organización en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Constitución".

"Por medio del pertinente sistema de instancias procesales y recursos que vienen determinados por la legislación del Estado, será competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el establecimiento de la doctrina en los órdenes jurisdiccionales en los que así proceda --continúa--, extendiéndose a todos aquellos cuyo conocimiento les fuera atribuido por el Estado, en el territorio de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo".

En este sentido, la dirigente 'popular' insistió ante Guerra en que, a su juicio, no se da al TSJV ninguna nueva competencia, puesto que no podrá crear jurisprudencia en ningún caso y su doctrina será siempre susceptible de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. Puntualizó que este órgano judicial sólo sería última instancia para la interpretación del derecho foral valenciano y el derecho autonómico, tal y como ya se recoge en las leyes procesales.

Guerra y Sáenz de Santamaría también intercambiaron puntos de vista sobre si es o no constitucional la creación de un Consell de Justicia en Valencia. El artículo 37.3 del nuevo Estatuto señala: "Se crea el Consell de la Justicia de la Comunitat. Una Ley de las Cortes valencianas determinará su estructura, composición, nombramientos y funciones dentro del ámbito de las competencias de la Generalitat en materia de administración de Justicia en los términos que establece el presente Estatuto y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Así, el presidente de la comisión constitucional opinó que este nuevo órgano puede rebasar los límites de la Carta Magna, mientras que la secretaria ejecutiva del PP alegó que no se ha creado como institución delegada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni para hacer nombramientos, sino para ejercitar funciones en el ámbito de competencias ya transferidas y vinculadas a la gestión de recursos materiales y humanos y, al tiempo, dar cabida a las opiniones de los jueces afectados.

SERVICIO TRIBUTARIO DE VALENCIA

La creación del servicio tributario valenciano en régimen de descentralización funcional (a través del artículo 75.1 del proyecto estatutario) también fue motivo de análisis en esa conversación. Los 'populares' defienden que, en este caso, se trata de convertir la Dirección General de Tributos de la Generalitat valenciana en un organismo público descentralizado, sin otorgarle más competencias que las que ya posee o sean determinadas por Ley Orgánica.

Además, Sáenz de Santamaría subrayó ante Guerra que tampoco se prevé que este nuevo servicio tributario pueda ejercer ninguna competencia en el área de tributos compartidos, aunque sí en los cedidos por el Estado y según la legislación vigente.

USO DEL VALENCIANO Y CARTA DE DERECHOS

En esa reunión, el presidente de la comisión constitucional, tal y como ya hiciera públicamente en algunos cursos de verano, criticó las referencias del nuevo Estatuto al uso del valenciano y al hecho de que no se especifique el derecho a la enseñanza en castellano. El artículo séptimo del proyecto determina: "La lengua propia de la Comunitat valenciana es el valenciano. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza de, y en, el idioma valenciano".

"La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar el conocimiento --prosigue--. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. Se otorgará protección y respeto especiales a la recuperación del valenciano. La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y la enseñanza. Se delimitará por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y uso de la lengua propia de la Comunitat valenciana (...)".

A esto, el PP replica que el Estatuto establece un derecho sin imponer una obligación y que es respetuoso con el bilingüismo, ya que no establece el valenciano en zonas donde se habla mayoritariamente el español.

Otro de los asuntos que preocupaba a Guerra era el hecho de que el Estatuto incluya una 'Carta de Derechos' que ya están recogidos en la Carga Magna de 1978. No obstante, Sáenz de Santamaría cree que los derechos recogidos en ese apartado estatutario "no se solapan" en ningún momento con la Constitución porque alude a principios rectores que la Generalitat debe garantizar a los valencianos, como el derecho al agua.

LA 'CLAUSULA CAMPS'

Guerra y Sáenz de Santamaría intercambiaron criterios también acerca de la disposición adicional del proyecto conocida como 'clausula Camps' --que da a Valencia la posibilidad de solicitar competencias ya cedidas a otras autonomías-- y cuya constitucionalidad y viabilidad jurídica ha sido puesto en duda por distintos juristas.

El artículo 88 del nuevo Estatuto dice: "(...) Cualquier modificación de la legislación del Estado, que con carácter general y en el ámbito nacional implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas, será de aplicación a la Comunitat valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias. La comunidad valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las otras comunidades autónomas".

"A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, trasferidas o delegadas a la Comunitat valenciana con anterioridad, obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actuación", añade.

Para el PP, esa clausula no tiene carácter vinculante, sino que ofrece a la Generalitat valenciana la oportunidad de promover iniciativas legislativas para que, en el caso de que otras comunidades obtengan competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, Valencia pueda reclamarla también.

Además del Estatuto valenciano, Guerra y Sáenz de Santamaría hablaron sobre otras reformas estatutarias y proyectos de modificación de leyes orgánicas que consideraron "de calado" o el Estatuto del Periodista, pormenorizaron las fuentes consultadas por Europa Press.