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La acusación de los gitanos pide tres años para el alcalde de Cortegana por la protesta de Las Eritas

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)

La acusación particular de los gitanos de Cortegana (Huelva) ha pedido tres años de cárcel y 24 de meses de multa para el alcalde de Cortegana (Huelva), Antonio Marín (IU), al considerar que "hay indicios de criminalidad en su comportamiento" en la manifestación celebrada el 16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio Las Eritas de la localidad, caso por el que han sido imputadas, además del alcalde, 15 personas.

En declaraciones a Europa Press, el letrado del colectivo, Diego Luis Fernández, explicó que en el escrito de calificación presentado tras la imputación del alcalde, además de una multa de 24 meses, "se le reconoce un delito por no adoptar las medidas para que la manifestación no hubiese terminado con los incidentes contra la comunidad gitana de la localidad".

Además, la acusación particular destaca que la manifestación "no debió convocarse ante el riesgo que desembocara en los hechos que se desencadenaron" y añadió que, "si el alcalde la convocó en nombre del Ayuntamiento, puede derivarse la responsabilidad subsidiaria", aunque reconoció que no se le imputan los delitos de amenazas e insultos a la comunidad gitana no alteración del orden público.

En este sentido, detalló que para 14 de los 16 imputados la acusación pedirá hasta 14 años de cárcel por los delitos de provocación al odio racial, por amenazas e insultos contra la comunidad gitana y las fuerzas de seguridad, por utilizar objetos peligrosos y por desórdenes públicos, mientras que para la persona restante la petición se queda en nueve años por los tres primeros delitos.

Además, la acusación pedirá, además de que se reparen los datos materiales causados, una indemnización de 360.000 euros por los daños morales causados a la comunidad gitana, en la que destacó que "también había personas que no lo eran y, sobre todo, había niños.

La acusación también ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 2 de Aracena la petición de que el juicio oral se celebre en la Audiencia Provincial de Huelva por la "magnitud de los hechos que se juzgan" y añadió que en el juicio pedirá "que se visionen los vídeos de los medios de comunicación en los que se observan los hechos que ocurrieron en esa manifestación".

Fernández quiso "dejar claro" que este caso "no es una cuestión contra los gitanos, sino de personas que han cometido un delito de racismo contra los que estamos en contra" y apostó por que este caso, del que destacó que "ha contado con una instrucción pormenorizada, marque jurisprudencia para parar estos hechos".