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Ayuntamiento de Madrid pide suprimir el régimen fiscal especial de Telefónica o aplicarlo a todo el sector

Defiende la tasa municipal por uso privativo de espacios públicos y cree que se extenderá a todos los municipios tras la sentencia del TS

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, abogó hoy por suprimir el régimen fiscal especial del que goza Telefónica o por aplicárselo a todas las teleoperadoras para conseguir una legislación más clara de los tributos que estas empresas tienen que pagar.

Durante su participación en el IV Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales que ayer y hoy se celebra en el Palacio de Congresos de la Castellana, el concejal explicó que de los 3.408 millones de euros que aproximadamente pagan en impuestos periódicos las operadoras de telecomunicaciones --incluyendo la nueva fiscalidad para financiar RTVE--, el 90 por ciento corresponde a tributación estatal y tan sólo un 10 por ciento a la local.

"Muchas de esas tasas no tienen mucha razón de ser. Al final estas pocas pero importantes empresas soportan una presión fiscal indirecta muy fuerte, por lo que reivindico la necesidad de abordar una revisión global de la fiscalidad del sector", apuntó el concejal.

En concreto, hizo dos propuestas, ambas partiendo de la necesidad de diálogo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Economía y Hacienda y equiparando a todos los operadores de telefonía fija y móvil.

La primera de las posibilidades sería "extender el régimen especial de Telefónica de España al resto de operadores basándose en la actualización de valores de 1997 para compensar el 2 por ciento" extra del que goza esta compañía, medida que "generaría problemas a los ayuntamientos, que no tienen competencias para verificar las liquidaciones" de esta empresa.

"Para solucionar esa situación podría crearse una comisión mixta entre la FEMP y el Ministerio o la Agencia Tributaria para seguir las liquidaciones, o simplificar más el sistema y distribuir la cuota resultante a nivel nacional en función del número de líneas", propuso Bravo, avanzando asimismo que la FEMP pedirá al Fisco que "verifique las discrepancias entre la facturación que sirve de base a la liquidación y la información que tienen otras instituciones".

Por otra parte, la segunda opción sería "suprimir el régimen especial de Telefónica y generalizar o modificar la fiscalidad para el conjunto de operadoras a través del Impuesto de Actividades Económicas y de la tasa municipal del 1,5 por ciento" aplicable a los ingresos brutos de la facturación, exceptuando los de telefonía móvil porque no son fáciles de territorializar.

"Entendemos que el IAE debería liquidarse según las líneas contratadas, y no por abonados. Tampoco entendemos por qué debe mantenerse el que los operadores tengan dos epígrafes distintos en este impuesto en función de que sean móviles o fijos. Y en relación con la tasa del 1,5 por ciento, (esa tasa) está muy por debajo del valor de la utilidad del dominio público, por lo que debería modificarse la ley", se pronunció.

Asimismo, recordó que el PSOE presentó en el Congreso y en el Senado una iniciativa para modificar la Ley 51/2002. "Ese partido está hoy en el Gobierno y podría llevar a buen puerto la voluntad que ya manifestó en ese momento", apostilló.

Por último, recordó que esta tasa y la evolución que su aplicación pueda tener en el futuro "no debe ocultar la necesidad de revisión de la fiscalidad de las haciendas locales en su conjunto, y más en este momento". "La responsabilidad corresponde al Ministerio y a los ayuntamientos a través de la FEMP", añadió.

SENTENCIA DEL TS

Con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que el pasado 16 de febrero falló a favor de la legalidad de los ayuntamientos que han impuesto la tasa por uso privativo de dominio público, Bravo la interpretó como totalmente favorable a las aspiraciones municipales.

Además, consideró que los problemas actuales en este sector se derivan de que se resolvió mal en 2002, lo mismo que sucedió cuando se incluyeron al IAE las actividades de telefonía móvil. "Esta mala tributación del sector ha dado lugar a una posible pérdida de los ayuntamientos de más de mil millones de euros entre 1999 y 2006", apuntó.

"A la luz de la sentencia del TS tenemos en el horizonte la posibilidad, impulsada por la FEMP, de generalizar la aplicación de esta tasa que comenzó primero por Badalona y la corona metropolitana de Barcelona, y seguida luego por otros ayuntamientos, pero que previsiblemente si no se modifica el régimen legal se generalizará a todos, pasando (la recaudación) de 93 a 258 millones de euros anuales a partir del próximo año".

Con esta opinión coincidió el presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP y alcalde de Segovia, Pedro Arahuete, quien manifestó claramente que "el TS falló a favor de los ayuntamiento en establecer una tasa a las compañías de telefonía móvil al considerar innegable que para prestar sus servicios usan subsuelo, suelo o vuelo de espacio público municipal".

"La FEMP considera que esta importante sentencia del TS avala la posición mantenida por los ayuntamientos, no rectifica absolutamente nada de lo que nosotros habíamos mantenido. No obstante y ante la realidad de que se trata de un régimen polémico y que ha generado muchos conflictos que no benefician a ayuntamientos ni a empresas, consideramos conveniente darle solución legal a la problemática de manera que se pueda resolver de forma definitiva", manifestó.

Tras vincular todo este asunto a la reforma de la financiación local tan reclamada por la Federación, Arahuete concluyó afirmando que "hay que eliminar la vigente e injustificada exclusión de las empresas de móvil (de la fiscalidad) y resolver las dificultades de la territorialización de esos ingresos para que el importe de la tasa no se determine por los ingresos brutos de la facturación en el término municipal, que son datos difíciles de obtener, sino por una magnitud distinta, más ajustada a la prestación real de ese uso como los ingresos medios que consiguen de los clientes que tengan domicilio en cada término municipal".

Por último, expresó su interés en que "se clarifique la determinación de la cuota tributaria de la tasa por la que deben tributar las compañías de telefonía móvil".

TASA IMPORTANTE EN MADRID

Según datos municipales aportados a Europa Press, la tasa por este concepto supone para el Ayuntamiento de Madrid más de 22 millones de euros. El pasado mes de octubre Movistar, Vodafone y France Telecom debían al Consistorio de la capital más de once millones de euros por los dos primeros trimestres de 2008, situación creada en parte por la gran litigiosidad que ha levantado el asunto.

La ordenanza, que fue aprobada el pasado mes de noviembre por el Pleno, grava con un 1,5 por ciento la facturación de las operadoras móviles por cada cliente que tengan en la capital, y se liquida de manera trimestral, después de que las empresas hayan facilitado al Consistorio los datos del número de clientes que tienen tanto en la ciudad como en toda España.

Con esa información, la Agencia Tributaria divide el volumen de operaciones de las compañías entre el número de usuarios total del país para establecer el beneficio por usuario, y luego ese dato se multiplica por el número de clientes que hay en Madrid. A continuación, se gira el recibo de la liquidación a las operadoras.