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La mayoría conservadora del CGPJ baraja un conflicto constitucional contra la reforma del Poder Judicial

El Pleno del Consejo rechaza el proyecto del Gobierno por 11 votos a 8 MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "baraja como posibilidad" plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno, que cambia el sistema de mayorías para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales superiores de las comunidades autónomas.

Así lo manifestó hoy a los periodistas el portavoz del Consejo, Enrique López, tras informar de que el Pleno del CGPJ, por 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, había sacado adelante un informe que critica duramente el proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial, por considerar que puede vulnerar la Constitución.

Los 11 vocales que votaron a favor del informe crítico (los 10 propuestos por el PP más el presidente del Consejo, Francisco José Hernando), creen que la reforma del sistema de mayorías en el CGPJ para aprobar nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo (se pasa de exigir mayoría simple a una mayoría de tres quintos del Pleno), supone "una intempestiva intromisión en las funciones del Consejo".

Entienden además que no mejora la calidad de la justicia ni refuerza la independencia de los jueces así nombrados, alterando de forma sobrevenida un equilibrio de mayorías y minorías en el Consejo que fue establecido por el Parlamento en 2001, que tiene la misma legitimidad que el que salió de las urnas en 2005.

La mayoría conservadora del Consejo cree que la tacha de constitucionalidad de la Ley puede producirse por vulneración del principio de no arbitrariedad de los poderes públicos, recogido en el artículo 9.3 de la Carta Magna.

CONFLICTO

Al ser preguntado por si el Consejo acatará la Ley si el Gobierno y las Cortes finalmente la aprueban, López contestó que evidentemente así lo harán, aunque añadió que han barajado "como posibilidad" el planteamiento de un conflicto constitucional contra la reforma. Sin embargo, no amplió este asunto y señaló que el eventual conflicto sólo podría interponerse en los dos meses siguientes a que la norma sea Ley, para lo que falta su aprobación como Proyecto por el Gobierno y toda su tramitación parlamentaria posterior.

Fuentes de la minoría progresista aseguraron a Europa Press que durante el Pleno no escucharon a ningún vocal mencionar la posible opción de plantear un conflicto constitucional.

Por otro lado, de los 8 vocales que votaron contra el informe crítico con el proyecto, 7 de ellos (los propuestos por PSOE e IU), han emitido un voto particular conjunto en el que destacan que la reforma puede ser "opinable en términos de oportunidad jurídica, pero en modo alguno objetable constitucionalmente".

El vocal de la minoría progresista Juan Carlos Campo explicó que la oportunidad política de un proyecto corresponde al Gobierno y no al Consejo, y además en este caso el Ejecutivo respondía a un requerimiento formulado por el Parlamento. Añadió que el cambio de sistema de mayorías en la elección de altos cargos judiciales potencia el consenso en el CGPJ.

El otro vocal que votó en contra, Alfons López Tena, elegido a propuesta de CiU, se adhirió al voto particular de sus compañeros y añadió uno propio en el que advierte que "la reforma acaba con el rodillo" en la política de nombramientos ejercido por la mayoría conservadora, pero pasa a un sistema de reparto que tampoco asegura el mérito y capacidad de los candidatos, que en su opinión debe asegurarse con medidas complementarias. Por último, la abstención correspondió al vocal de consenso PSOE-PP Agustín Azparren.

Durante el Pleno de hoy, el Consejo recibió la comunicación del Ministerio de Justicia de que no se le concedía el plazo adicional de 15 días que solicitaron para presentar el informe sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial, que finalmente se aprobó hoy y que se remitirá en los próximos días, con sus votos particulares, al Ministerio de Justicia.