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CHA lleva al Congreso la reclamación de una Fiscalía Especial de Medio Ambiente en el TSJA

ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), José Antonio Labordeta, ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Congreso en la que pide la creación de una Fiscalía Especial de Medio Ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Según se recoge en la explicación de motivos de esta iniciativa, la reforma del Código penal de 1995 mejoró, sustancialmente, la regulación de los delitos contra el medio ambiente que, hasta ese momento era "insuficiente y dispersa".

Sin embargo, continúa, las expectativas que levantó la citada reforma "se han visto frustradas por diversas causas", como "la poca sensibilidad y preparación de algunos jueves y fiscales ante estos temas, y las dificultades de los agentes forestales en el ejercicio de sus competencias de policía judicial".

También, por "la falta de medios técnicos y periciales" adscritos a los Juzgados y fiscalías y por la "escasísima colaboración" de las autoridades medioambientales con la Administración de Justicia para perseguir y denunciar las agresiones ecológicos que puedan considerarse como delito, según CHA.

Asimismo, consideran que la complejidad y especificidad de los delitos ambientales "hacen cada vez más necesaria la creación de una fiscalía especial de medio ambiente en cada tribunal superior de justicia" y consideran que esta figura es "fundamental" para avanzar en una aplicación más estricta del Código Penal.

Desde CHA, señalan que si bien no se puede asegurar que en los lugares donde existe esta figura el porcentaje de delitos ecológicos sea menor, allí donde existen, son mayores las posibilidades para promover la acción de la justicia y perseguir e investigar estos hechos delictivos.

En concreto, argumentan desde CHA, los fiscales especializados en medio ambiente "disponen de tiempo específico para investigar este tipo de delitos, pero sobre todo, disponen de especialización, tanto jurídica como técnica, en esta materia".

Los nacionalistas recuerdan que entre sus funciones se encuentran las de abrir investigaciones para practicar diligencias, instar ante el juzgado la adopción de medidas cautelares, ejercitar las correspondientes acciones penales y velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público o social.