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El Gobierno estudia que conocer lenguas autonómicas conste como 'mérito' en ciertas oposiciones a la Administración

El MAP presentará al Gobierno un anteproyecto de ley de Agencias Públicas antes de final de año

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) tiene previsto presentarle al Gobierno antes de final de año un anteproyecto de ley de Agencias Públicas, con el objetivo de que el Ejecutivo dé el visto bueno al texto convirtiéndolo en proyecto de ley e iniciando su tramitación parlamentaria, según anunció hoy el secretario general para la Administración Pública, Francisco Velázquez.

Velázquez, que compareció en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, explicó que esta medida se enmarca dentro del proyecto de modernizar la Administración General del Estado (AGE) para dotarla de mayor flexibilidad y mejorar la atención que se ofrece al ciudadano. En este sentido, también se refirió a la creación de una serie de Agencias que evaluarán la calidad de los servicios ofertados.

Así, el secretario de Estado dijo que en base a estos objetivos se están ultimando los estudios para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios, y que el grupo de expertos que se creó para tal fin presentará sus conclusiones la semana que viene al ministro de MAP, Jordi Sevilla.

Después de asegurar que tanto en la Agencia Estatal como en las de evaluación de la calidad se pretende la colaboración de Comunidades Autónomas y entidades locales, anunció que próximamente se convocará la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, donde se debatirán de forma más exhaustiva las reformas a acometer en la Administración.

LENGUAS AUTONOMICAS COMO 'MERITOS'

Velázquez señaló también como objetivos para esta legislatura la modernización de la administración electrónica y el establecimiento de un régimen jurídico para el empleado público mediante la promulgación de un Estatuto "que dé respuesta a las necesidades" de los funcionarios. Con respecto a su contenido, afirmó que la selección y formación de los empleados públicos será uno de los aspectos principales "para que los procesos selectivos sean más ágiles".

Explicó que, dentro de este proceso de mejora y adecuación del acceso a la Administración, se está estudiando la posibilidad de que el conocimiento de las lenguas oficiales del Estado (catalán, vasco, gallego) consten como 'méritos' en ciertas oposiciones a la Administración, pero sin que tenga carácter selectivo.

El secretario general para la Administración Pública señaló que ahora sólo se trata de una posibilidad y que, en el caso de prosperar, podría valorarse este conocimiento pero una vez superadas las pruebas para no vulnerar el principio de igualdad. Así, dijo que podría ser tenido en cuenta a la hora de elegir destino, por ejemplo.

Velázquez recordó la constitución de una Comisión con la finalidad de estudiar las alternativas para la elaboración del Estatuto; y que este órgano deberá presentar un informe a Sevilla en el plazo de seis meses, momento en el cual comenzarán las negociaciones con las partes implicadas.

"CATALOGO DE BUENAS INTENCIONES"

Por su parte, los representantes de los grupos de la oposición reconocieron la importancia de los proyectos que el Gobierno pretende acometer para mejorar el servicio de la Administración a los ciudadanos, aunque advirtieron de la dificultad de llevarlas a la práctica, llegando incluso a calificarlos de "catálogo de buenas intenciones".

El portavoz del PP en la Comisión, Juan Carlos Guerra, aseguró que el ciudadano "no se siente satisfecho" con el funcionamiento de la Administración después de 25 años, y que las medidas anunciadas por Velázquez "serían vistas por los ciudadanos como una carta a los Reyes Magos".

Desde el PNV, Emilio Olabarría dijo que la exposición de Velázquez constituía "un catálogo de buenas intenciones", aunque subrayó ciertos contenidos "poco claros" dentro de las reformas en la Administración y la elaboración del Estatuto del Empleado Público, como el bilingüísmo en la atención al ciudadano o el volumen de interinidad en la Administración.

Por último, Jordi Jané (CiU) pidió que el futuro Estatuto del Empleado Público no constituya en su integridad legislación básica, sino que permita su desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas que sean competentes en la materia.


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