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López Aguilar cree que la Constitución se podrá modificar sin disolver las Cortes como se hizo al incorporar Maastricht

Desvincula el referendum de la resolución que pueda emitir el TC al que el Gobierno pedirá que se ajuste al plazo legal para pronunciarse

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en declaraciones a Europa Press, precisó que independientemente de cuál sea el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Constitución Europea, se mantendrá la fecha del referendum para el día 20 de febrero. Explicó que lo que se somete a referendum no es la reforma de la Constitución española, sino la decisión política de apostar por la Constitución europea. El ministro está convencido de que el procedimiento para incorporar Europa a la Carta Magna será "simplificado", sin necesidad de disolver las Cortes, y se podrá aprobar por mayoría de tres quintos en las Cámaras, como ocurrió con la reforma de la Constitución para incorporar el Tratado de Maastricht en 1992.

El ministro aseguró que el Gobierno tiene la mejor intención de que la ratificación de la constitución europea sea lo más pacífica posible, lo "más compartida posible" y que no se convierta en un asunto "polémico" entre los partidos. El objetivo del Gobierno de Zapatero, dijo, es que la Constitución europea sea "de todos" y no "objeto de controversia política".

Así, esta misma mañana el Ejecutivo ha anunciado que acordará el próximo viernes consultar al Tribunal Constitucional si es necesario modificar la Carta Magna para incorporar la Constitución europea. El procedimiento está recogido en el artículo 95 de cla Constitución y en el 78, 79 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

PLAZO LEGAL ESTABLECIDO PARA EMITIR LA DECLARACION

Según el ministro, la pregunta que deberá formular el Gobierno al TC está contenida en la redacción del artículo 95 de la Constitución española. "Es muy simple, no es otra cosa que si el TC, examinando enteramente el texto de la Constituición Europea, encuentra algún tipo de compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución española". La resolución que emita el Alto Tribunal se denomina "declaración" de constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Los plazos, explicó López Aguilar, están tasados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en su artículo 78 explica que será de un mes. No obstante, el titular de Justicia precisó que "hay que tener en cuenta que el TC, por saturación, como todos los tribunales de Justicia, incumple sus propios plazos con asiduidad". Aunque añadió que eso no quiere decir que no pueda cumplirlos ante una cuestión de muy especial trascendencia.

En su opinión, un asunto como éste debería tener un procedimiento "rápido", por lo que, matizó, el Gobierno pedirá el TC que procure tardar el plazo legal establecido para emitir la "declaración". El ministro recuerda que en el caso del Tratado de Maastricht, el Constitucional se pronunció en a penas un mes.

LO QUE SE SOMETE A REFERENDUM NO ES LA CONSTITUCION ESPAÑOLA

En cualquier caso, explicó que independientemente del sentido de la "declaración" del TC, la fecha del referendum, fijada para el 20 de febrero, no se modificará. Ambas cuestiones, precisó, "están desvinculadas en cualquier supuesto, en cualquiera de las hipótesis de pronunciamiento del Tribunal Constitucional".

En este sentido, quiso dejar claro que ambas cuestiones --la fecha del referendum y la declaración del TC-- están desvinuladas porque, insistió, "lo que se somete a referendum no es la reforma de la Constitución española, sino la decisión política de apostar por la Constitución Europea, que es una cosa muy distinta".

El ministro apostilló: "esto es muy importante entenderlo bien". "Quien opina --argumentó-- que lo primero es reformar la Constitución antes del referendum no ha entendido de lo que estamos hablando, porque de lo que estamos hablando ahora no es de someter al pueblo a una reforma de la Constitución, eso vendrá después y está en la agenda del Gobierno de Zapatero".

"De lo que se está hablando --prosiguió-- es de que el conjunto de la UE sepa que la ciudadanía española ha dicho 'sí' a la decisión política de adoptar la Constitución Europea". En este sentido, explicó que después se verá el procedimiento jurídico y técnico para asumir la Constitución Europea, y si es preciso o no reformar la Carta Magna.

DARIA TIEMPO A MODIFICAR LA CARTA MAGNA ANTES DEL REFERENDUM

Juan Fernando López Aguilar explicó que, en caso de que el TC considere necesario modificar la Constitución, sí daría tiempo "técnicamente" a hacerlo antes del 20 de febrero, pero matizó que esta cuestión no está decidida y que tampoco es imprecindible, ya que, insistió, lo que se "legitima popularmente no es ninguna modificación de la Constitución, sino la decisión política de apostar favorablemente por la Constitución europea".

En opinión del ministro, es "perfectamente posible, en su caso, incorporar la Constitución Europea por la vía de la reforma simplificada, y por tanto, sin necesidad de una reforma agravada". Esto significaría que, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución española, la modificación de la Carta Magna debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. "Sólo habrá referendum si lo exige una décima parte de cualquiera de las dos cámaras", precisó.

REFORMA SIMPLIFICADA POR MAYORIA DE TRES QUINTOS

Las reformas agravadas están reservadas al título preliminar, los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo segundo del Título primero y la Corona, del Título Segundo. "Europa no concierne a ninguno de estos aspectos", aclaró el ministro por lo que, añadió, "se necesitaría una mayoría de tres quintos de cada Cámara para proceder a una reforma limpia y escueta de la Constitución".

Esto ya se hizo, según recordó, con ocasión del Tratado de Maastricht. Entonces se reformó el artículo 13 de la Constitución en 1992, por mayoría de tres quintos de cada Cámara y en lectura única. El ministro apunta que, en este caso, hay un sentimiento general en los especialistas de derecho constitucional de que la cláusula de Europa podría incorporarse perfectamente al artículo 93 de la Constitución española, que es el que prevé la incorporación de España a ordenamientos supranacionales, en los que se alude a la entonces hipotética adhesión a la Comunidad Económica Europea, sin mencionarla por su nombre.

Por eso, explicó, la palabra Europa no aparece en la Carta Magna. Ahora se podría incorporar la palabra Europa, la Unión Europea y la propia idea de la Constitución Europea, según explicó.