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Noticias de España - Nacional |
Vera recurre el decomiso de cuatro fincas alegando que también le pueden indultar la responsabilidad civil
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera ha presentado recurso de súplica contra el auto de la Audiencia de Madrid que acordó la adjudicación al Estado de cuatro fincas decomisadas en enero de 2002 al ex alto cargo. Vera argumenta que se le ocasionaría un daño difícil de reparar si se ejecuta esa resolución y, posteriormente, el Gobierno le concede un indulto total que abarque también el perdón del pago de la responsabilidad civil, según indicaron fuentes de la Audiencia.
La Audiencia de Madrid ordenó la adjudicación al Estado de las fincas decomisadas para cubrir la indemnización de 847.427,07 euros (141 millones de pesetas) a la que debe hacer frente Vera en concepto de responsabilidad civil en la sentencia del "caso fondos reservados", en la que fue condenado a siete años de cárcel por malversación de caudales públicos.
La Audiencia ha dado un plazo de dos días a las partes personadas en la causa para que presenten alegaciones al recurso de Vera. El ex secretario de Estado también ha recurrido en súplica el auto de la Sala, de 24 de noviembre, que rechazó suspender su ingreso en prisión hasta que el Gobierno resuelva su indulto. Con dicho recurso se seguirá el mismo trámite de pedir alegaciones a las partes, antes de que el tribunal decida.
Fuentes de la Audiencia calculan que entre unos trámites y otros la entrada de Vera en la cárcel no se producirá previsiblemente hasta primeros del año próximo. Lo mismo ocurrirá con el ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, condenado a seis años de prisión por el mismo caso, a quien la Audiencia aún no ha resuelto el recurso que pide la suspensión de la ejecución de la condena por tener solicitado indulto.
Las cuatro fincas que Vera no quiere que se adjudiquen ya al Estado fueron adquiridas a nombre del suegro de ex secretario de Estado, Enrique Esquiva, ya fallecido, aunque según la sentencia el dinero para comprarlas y para las distintas inversiones realizadas en las mismas salió de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
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