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Consejo.-Los nuevos seguros de la Administración homogeneizan la cobertura independientemente de que sea alto cargo o no

En los criterios aprobados hoy se faculta a Defensa para que ofrezca la cobertura necesaria a los ocupantes de transportes militares

MADRID, 23 (EUROPA PRESS) El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo por el que se establecen criterios para la contratación de seguros en la Administración General del Estado. Entre estos criterios, se estableces que la cobertura debe ser homogénea para los mismos riesgos independientemente de si se trata de un alto cargo o no, autoriza a Defensa a ofrecer la necesaria cobertura a la totalidad de los ocupantes de los transportes militares, teniendo en cuenta las especiales características de las Fuerzas Armadas.

Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que se trata de "establecer criterios más transparentes, eficaces y ajustados a las necesidades" de cada persona con el fin de "evitar zonas ade sombra".

En cuanto seguro accidentes, explicó que se prentede que "no haya privilegios y se homogeneiza en cuanto a riesgos por desplazamientos". En cuanto a la responsabilidad civil, cada uno se tendrá su criterio, pero los seguros, explicó, "deberán contar con un informe favorable de la Dirección General de Seguros para ver que se ajusta a condiciones de trabajo".

A finales de 2004 la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia anunció un estudio y un análisis de los diferentes seguros contratados por los Departamentos ministeriales. Ahora, precisa el Gobierno, "una vez analizada la situación general de la contratación de seguros privados en la Administración General del Estado, se ha apreciado la necesidad de fijar criterios generales que garanticen una política común de aseguramiento de los riesgos en los que incurre en su actividad el personal al servicio de la Administración General de Estado".

COBERTURA HOMOGENEA PARA LOS MISMOS RIESGOS INDEPENDIENTE DEL CARGO

Respecto a los seguros de accidentes de los Departamentos ministeriales, se fijan varios criterios generales. En primer lugar, se establece que la cobertura de los riesgos deberá ser universal y homogénea para todas las personas que asuman los mismos riesgos por razón de su actividad profesional, con independencia de su nivel, de su categoría y de su condición o no de alto cargo.

En segundo lugar, se prevé que los riesgos derivados de desplazamientos ocasionados por motivo de trabajo deben ofrecer, en todo caso, cobertura al conjunto del colectivo de empleados públicos, incluyendo altos cargos y directivos, así como a todos los colaboradores o personas acreditadas que viajen en comitivas oficiales.

El seguro comprenderá la cobertura del riesgo por accidentes en todo medio de transporte, incluidos aquéllos que en la actualidad no ofrecen dicha cobertura y en los que la Administración sea el transportista.

Además, se autoriza al Ministerio de Defensa a ofrecer la necesaria cobertura a la totalidad de los ocupantes de los transportes militares en la forma que resulte más adecuada a las especiales características de las Fuerzas Armadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

En cuanto a los seguros de responsabilidad civil, cada Ministerio podrá establecer la cobertura más adecuada en función de sus necesidades; pero todas las pólizas tendrán que contar con un informe favorable de la Dirección General de Seguros para garantizar que la cobertura se ajusta realmente a las condiciones de trabajo de cada persona asegurada.

El Gobierno cree "evidente que un soldado, un policía o alguien que viaja con frecuencia, por ejemplo, debe tener una póliza distinta de la que corresponde a un administrativo o cualquier otra persona no expuesta a riesgos mayores".

Además, y para reforzar la transparencia, los diferentes Departamentos de la Administración Central "tendrán que incluir en sus memorias anuales la relación de seguros existentes en la actualidad, así como hacer públicas las próximas contrataciones".

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda elaborará en el plazo de seis meses los trabajos y estudios técnicos necesarios para proponer las fórmulas de cobertura y contratación más idóneas para alcanzar el más alto grado de eficacia y eficiencia en la cobertura de estos riesgos por parte de la Administración General del Estado.