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El Ministerio de Sanidad y Consumo rechaza unirse a Madrid en su denuncia contra el redondeo en las tarifas de móvil

El Instituto Nacional de Consumo se remite al anteproyecto de ley que prohibirá dicha práctica, que no se aprobará antes de año y medio

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez de Sola, instó hoy al Ministerio de Sanidad y Consumo a unirse a la acción judicial que llevará a cabo el Gobierno regional madrileño en contra del redondeo al alza que se aplica en las tarifas de los teléfonos móviles.

La propuesta, planteada en la reunión de la Comisión de Cooperación de Consumo celebrada en Zaragoza, fue rechazada, sin embargo, por la responsable del Instituto Nacional de Consumo, Mari Ángeles de las Heras, argumentando que hay un anteproyecto de ley que ya recoge la prohibición de esa práctica.

Así lo explicó a Europa Press Martínez de Sola, quien lamentó la respuesta negativa del organismo ministerial al entender que hasta que se apruebe la nueva ley, cosa que no ocurrirá hasta dentro de año y medio o dos, según sus estimaciones, "el redondeo puede adquirir dimensiones de muchos miles de millones de euros" para los usuarios de móviles.

La iniciativa de la Comunidad de Madrid, aprobada en Consejo de Gobierno la semana pasada y que ya ha sido presentada a las asociaciones de consumidores de la región, consistirá en la presentación de una acción de cesación contra el redondeo al alza en la tarificación de las llamadas realizadas desde teléfonos móviles.

LA PRESENTARÁN ANTES DE UN MES

Martínez de Sola confió en que antes de un mes se materialice en los tribunales dicha acción judicial y que se emita una sentencia favorable, que condene al demandado a eliminar de las condiciones generales de contratación las cláusulas que resulten ser abusivas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo.

La dirección general de Consumo sostiene que el redondeo al alza es una práctica lesiva para los intereses de los consumidores madrileños y del resto del país, no sólo por el quebranto económico que pueda producirse en cada consumidor individual, sino también por la indefensión en la que se sitúa éste ante la aplicación por parte de las compañías del sector de condiciones de contratación abusivas.