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IU-ICV propone en el Congreso su pacto contra la corrupción urbanística con penas más duras

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Los diputados de IU-ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, han registrado en el Congreso su propuesta para un pacto de estado contra la corrupción urbanística que incluye penas más duras, más recursos para la investigación que llevan a cabo la Agencia Tributaria y la Fiscalía, y un código ético que complemente el pacto antitransfuguismo.

En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, IU-ICV asegura que "los delitos vinculados a la corrupción urbanística confluyen de modo creciente con la corrupción política, atentan contra el patrimonio público, debilitan la credibilidad de las instituciones democráticas y vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vivienda y al medio ambiente".

A su juicio, el Pacto Antitransfuguismo suscrito en su día por los partidos políticos no se aplica con el debido rigor y se ha mostrado "insuficiente" para evitar la proliferación de candidaturas 'independientes' y de 'partidos de constructores' que persiguen su acceso a las instituciones para hacer prevalecer los intereses particulares sobre el interés público.

También consideran que "queda mucho por hacer" para reforzar el personal de la Agencia Tributaria dedicado a investigar estos delitos y que las normas actuales se han revelado "insuficientes" para contrarrestarlos.

En su proposición no de ley, que defenderán en su momento ante el Pleno del Congreso, IU-ICV abogará por un Pacto de estado que incluya nuevas medidas contra la corrupción urbanística, empezando por el endurecimiento del Código Penal en delitos como malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, blanqueo de dinero y contra la ordenación urbanística.

Además proponen endurecer el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en las distintas esferas de la Administración que tuvieren relación con la planificación del territorio y de las infraestructuras. En concreto quieren regular la incompatibilidad de los altos cargos de gobierno municipales y de los miembros de las Comisiones provinciales y autonómicas de Urbanismo, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo vinculadas a la construcción y el urbanismo.

Igualmente apuestan por el fortalecimiento de la Agencia Tributaria y el aumento de los recursos de las fiscalías especializadas, la aprobación de una nueva ley de Haciendas Locales que garantice la suficiencia financiera de los ayuntamientos, la transparencia de los procedimientos urbanísticos y la aprobación de un Código Ético suscrito por las formaciones políticas para separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción.