El CGPJ no ve motivos para proceder contra los jueces que hicieron coincidir sus juntas con el paro de secretarios
Bravo (CGPJ) reclama al TS "respeto institucional" porque no es necesario que les pidan "estar a la altura" en el 'caso Tirado'
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, afirmó hoy que la coincidencia horaria del paro seguido ayer por los secretarios judiciales con la celebración de juntas de jueces en los órganos de toda España (considerada por el Ministerio de Justicia como una huelga encubierta) "no es motivo suficiente" para abrir investigaciones al respecto.
"Toleraremos todas las actuaciones que se enmarquen en los cauces legales", dijo Bravo, que explicó que las juntas están previstas y reglamentadas como el instrumento del que se valen los jueces para manifestar y debatir sus "problemas jurisdiccionales".
En una rueda de prensa convocada para la valorar la jornada de paros vivida ayer en la práctica totalidad de los órganos judiciales, Bravo señaló que la mayor parte de los actos que tuvieron que suspenderse lo fueron entre las diez y la una de la tarde, cuando se produjo el paro de secretarios y se celebraron el mayor número de juntas.
"La mayor parte de los juicios que se suspendieron fue por el paro de tres horas de los secretarios, aunque alguno pudo deberse a las juntas de jueces", concretó la portavoz del Consejo, que no facilitó un número total de actos judiciales suspendidos. Aunque la simple coincidencia horaria no es razón para aperturar investigaciones disciplinarias, el Consejo podría valorar casos concretos en los que pueda identificarse un perjuicio al servicio causado por las juntas, reconoció.
Además, Bravo añadió que en lo que parecieron coincidir todas las juntas, según las actas de las mismas llegadas al CGPJ desde la tarde de ayer, es en la preocupación existente por la falta de medios humanos y materiales en la Administración de Justicia, una reivindicación antigua, "que no aparece en el Siglo XXI".
Las quejas por las injerencias del Gobierno en el asunto del expediente disciplinario al juez Rafael Tirado -por su tardanza en ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés-, "fueron mínimas, no la constante", concretó la portavoz.
Sobre el derecho o no de los jueces a hacer huelga, dijo que "en principio" esta posibilidad no está prevista para jueces y fiscales, ya que no se reconoce en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aunque la Constitución la incluya entre los derechos de todos los ciudadanos.
AVERTENCIA AL SUPREMO.
Por otra parte, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces reclamó tanto de responsables políticos como de los órganos judiciales en general "respeto institucional" y que se les de "un mínimo plazo" para poder trabajar en el asunto del expediente disciplinario a Tirado. "Que nos dejen tiempo y que luego valoren", afirmó.
"No nos sentimos presionados", insistió Bravo, en referencia a las valoraciones realizadas sobre el 'caso Tirado' tanto desde ámbitos políticos como corporativos. "Pero no hay necesidad de que nos recuerden que debemos estar a la altura y proceder en cumplimiento de la legalidad, ni tampoco que se tengan que tener en cuenta determinadas circunstancias a la hora de tomar una decisión", añadió la portavoz.
Aunque no lo citó, Bravo se estaba refiriendo de forma clara al manifiesto suscrito por 46 magistrados del Supremo en el que se señala que, para la resolución del expediente disciplinario seguido contra el juez Tirado "son datos necesariamente valorables la real situación de personal, medios y carga de trabajo" del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.
Dicho manifiesto concluye mostrando su esperanza en que el CGPJ "sepa estará a la altura de su papel institucional y de los valores constitucionales del derecho y de la jurisdicción, únicos que legítimamente pueden orientar su criterio".
Por ahora, y para hacer frente a la situación, el Consejo se reunirá el próximo lunes con jueces decanos para emprender ya la resolución de los problemas que afectan a la Administración de Justicia, una labor en la que, según Bravo, los vocales del CGPJ van a poner "todo su empeño", y cuya resolución no corresponde sólo al Gobierno, sino también a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.
PORCENTAJES A LA BAJA.
Por otro lado, Bravo ofreció unos porcentajes de seguimiento de la huelga de funcionarios en las diferentes comunidades que revisa, a la baja, los datos aportados ayer por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que cifró en más de un 90 por ciento el seguimiento medio de la protesta en toda España.
Así, y según los datos aportados por los presidentes de los diferentes tribunales superiores de justicia, los paros habrían sido secundados por un 96 por ciento de los secretarios en Andalucía y en La Rioja, mientras que otros territorios los datos serían los siguientes:
-Audiencia Nacional (78 por ciento). -Aragón (92 por ciento). -Asturias (78 por ciento). -Baleares (90 por ciento). -Canarias (74 por ciento). -Cantabria (80 por ciento). -Castilla y León (86 por ciento). -Castilla-La Mancha (76 por ciento). -Cataluña (64 por ciento). -Extremadura (70 por ciento). -Galicia (85 por ciento). -La Rioja (96 por ciento). -Madrid (90 por ciento). -Murcia (72 por ciento). -Navarra(90 por ciento). -País Vasco (80 por ciento). -Valencia (73 por ciento).
Asociación Pro-Derechos del Administrado y Justiciable APRODE) – ELCHE
31 De Octubre De 2009 - 12:09
Título: Corporativismo abusivo, impunidad y clan jurídico-juidicial
El gran problema del funcionamiento de la Justicia española, en nuestra opinión (respaldada por archivos de unos 28 años para probarlo, cosa que jamás se nos permite en sedes judiciales ni otros organismos al caso), no es solo por la falta de medios (que sin duda los tiene), también puede influir que, en muchos casos, no se cumplen los horarios laborales y, por otro lado, la casi total impunidad de todos los operadores jurídicos, que, en determinados casos (donde están en juego intereses corporativos o de otros grupos de presión españoles), les permite actuar o resolver casi como les viene en gana y, con ello, obligan a muchos recursos que hacen casi interminable y muy costoso cualquier proceso judicial.
Por otro lado, los Abogados y Procuradores, que son los que, como si los justiciables todos fueran menores de edad o incapaces (olvidando corporativa e interesadamente que ello no es así y que, muchísimos españoles, tienen un gran nivel cultural y universitario y, también, olvidando que el principal derecho procesal debe ser permitir la autodefensa o defensa propia -por lo menos de forma optativa-), tienen el abusivo e injustificado monopolio de la defensa y representación en casi todos los procesos judiciales, faltando al deber de su profesión no firman nada contra compañeros de toga y, con ello, con gran descaro y falta de ética profesional o del cargo, todos los operadores jurídicos se han blindado de cualquier acción por responsabilidad civil o penal que se quisiera dirigir contra ellos. Por ello nos parece que han convertido nuestra Administración de Justicia en algo así como su finca particular, donde, en fraude de ley impune, casi todo se lo autopermiten. Y, mientras tanto, el Tribunal del Jurado, que debería ser quien por sentido común debería enjuiciarlos, sin excesivos formalismos enervantes del derecho al proceso, a la acción y a la pretensión, por obra y gracia de nuestros corporativos legisladores (todos juristas), no tiene competencias para hacerlo. En fin, salvo algunas honrosas excepciones, casi todos los operadores jurídicos tienen que actuar así (de forma abusivamente corporativa y, con ciertos indicios de presunta prevaricación, encubrimiento, tráfico de influencias corporativas, asociación ilícita corporativa, abuso de poder, etc. etc.), dado que, si no lo hicieran, se podrían poner a mal con otros compañeros de toga. Por ello podemos estar ante algo así como una gran cuasi-mafia togada, para hurtar derechos y, si es posible, bienes a los justiciables. Por otro lado la Justicia española, por lo que podemos probar antes expuesto, es algo así como un gran mercado, donde solo el que tiene mucho dinero, pagando buenos honorarios profesionales, puede intentar ejercitar sus derechos con alguna garantía de defensa real y efectiva (y no en todos los casos, dado que, como expusimos antes, algunos asuntos, por miedo o corporativismo abusivo, no lo firman los abogados y procuradores). Por ello, pese a nuestro ordenamiento jurídico y nuestra Constitución, en muchísimos casos, como los antes expuestos (falta de capacidad de postulación del justiciable y no ser competente el Tribunal del Jurado), todo queda en una gran farsa procesal corporativa, dado que NO HAY DERECHOS SI LOS QUE DICEN QUE EXISTEN, POR TODO LO ANTES EXUESTO, DE HECHO NO PUEDE EJERCITARSE. Dicha real situación, que es gravísima y crea alarma social, por acción u omisión de los citados juristas, pese a los solemnes y pomposos juramentos prestados para ejercer el cargo o profesión, nadie pone remedio a la mísma. Evidentemente, nuestras críticas opiniones antes expuestas, puden no ser compartidas por algunos operadores jurídicos (pese a que todos saben que es verdad nuestra opinión crítica citada), por ello les invitamos a que, si quieren, el asunto sea debatido públicamente y con nuestros archvos de 28 años para probarlo.
Como lo que expongo, critico y denuncio es muy grave, pero es una gran verdad, a mis 72 años no tengo miedo a los citados abusivos y corporativos juristas y, por ello, tampoco omito identificarme y asumir cualquier tipo de responsabilidad por lo antes expuesto.
Eduardo Molina Bas, actuando en nombre propio y, también, como presidente de la Asociación Pro-Derechos del Administrado y Justiciable (APRODE)
Tfno, y fax 965440182 ELCHE (Alicante)
