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11-M.- Alonso acusa al PP de 'ignorar la labor judicial' que acredita que los confidentes no alertaron de los atentados

Dice que pedirá a Justicia que estudie reformar la legislación sobre confidentes y que la de explosivos impedirá robar "un solo cartucho"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, acusó hoy al portavoz del PP, Manuel Atencia, de "ignorar la labor judicial", al considerar que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, quien investiga los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, ha dictado varios autos, remitidos a la comisión del 11-M, en los que asegura que ninguno de los dos confidentes en prisión por su participación en la masacre alertó a sus contactos en la Guardia Civil y la Policía antes de que los atentados se produjeran.

Atencia preguntó reiteradamente sobre los informes de la Guardia Civil y la Policía en relación con la existencia de confidentes entre los detenidos del 11-M, en concreto y respectivamente, Rafa Zouhier y José Emilio Suárez Trashorras. Especialmente, el PP se centró en el informe de 5 de mayo del Instituto Armado, firmado por el actual director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, quien había asumido el cargo un día antes y admitió ante la comisión que no podía aclararlo.

El director general de la Benemérita firmó el informe, explicó Alonso, al "actuar bajo una total confianza en la Guardia Civil que dirige. Si el director general no confía en la Guardia Civil ya me contará en qué clase de país viviríamos".

Tras recordar que Trashorras fue detenido el 18 de marzo, y Zouhier, el 19, cuando el PP estaba en el poder, el ministro explicó que diez días después de asumir la cartera, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, pidió a los directores generales de Policía y Guardia Civil la elaboración de informes para remitir a la autoridad judicial. Añadió que el entonces director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, respondió a Camacho que ya lo había solicitado y el de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, que lo había reclamado verbalmente.

CRUZAR INFORMES CON AUTOS

El portavoz del PP dijo que el informe firmado por Gómez Arruche "no vale para nada", porque está lleno de contradicciones, a lo que el ministro le pidió que lo "cruzara" con los autos que el juez Del Olmo ha enviado a la comisión de investigación. En ellos se niega que los confidentes alertaran sobre los atentados y se reproduce una conversación entre Zouhier y su contacto, el guardia civil "Víctor", en la que el primero da, el 17 de mayo, datos sobre Jamal Ahmidan, "el Chino" (autor material del 11-M y uno de los suicidas de Leganés).

El ministro explicó que había habido muchos contactos con Zouhier relacionados con una red de falsificación de tarjetas de crédito y con una persona relacionada con 'skin heads' buscada por la Comandancia de Barcelona, y que quizá estos datos no figuraban en el informe porque no tenían relación con el 11-M.

Además, en cuanto a si Trashorras o Zouhier eran confidentes esporádicos o no, señaló que suponía que el informe se refería a que no formaban parte de la estructura de los Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, respecto a si el operativo organizado en los primeros meses de 2003, a raíz de que Zouhier dijera que conocía a una persona en Asturias que quería vender explosivos, había sido "vasto o manifiestamente corto", el ministro recordó que en aquel momento gobernaba el PP y él sólo podía aportar lo que le habían dicho al respecto.

En este sentido, el portavoz del PSOE, Alvaro Cuesta, recriminó al anterior Gobierno que no hubiera abierto investigaciones sobre la participación de confidentes en el 11-M cuando lo supo, ya que el inspector jefe del Grupo de Policía Judicial de Avilés, Manuel García Rodríguez, informó el 17 de marzo a la Comisaría General de Información de los comentarios sobre los atentados que le había hecho el día 13 su confidente José Emilio Suárez Trashorras, y el guardia civil "Víctor" entre el 16 y el 17 de marzo, cuando Zouhier mencionó por primera vez a "El Chino".

Tras insistir a Alonso en que no es responsabilidad suya lo que ocurrió antes de su toma de posesión y reprochar al ex ministro del Interior Angel Acebes que ayer declarara que era responsabilidad del PSOE investigar lo ocurrido, insistió en que todos los documentos que tiene la comisión sobre confidentes serán remitidos a la Fiscalía y al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo para que se investiguen responsabilidades penales.

Alonso explicó que el magistrado es el único encargado de investigar los atentados y recordó que los confidentes y las personas con ellos relacionadas son las únicas responsables de los atentados. "Nadie más", enfatizó, porque ninguno de los dos informó a sus respectivos contactos de los preparativos de los atentados.

Respecto al riesgo de que Zouhier sea víctima de las organizaciones criminales a las que contribuyó a desarticular, el ministro explicó que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha dado órdenes específicas para que se adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

PROPONDRÁ A JUSTICIA REFORMAR CONFIDENTES

Ante una pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, sobre si el Ministerio del Interior tenía previsto reformar la legislación vigente en materia de confidentes, Alonso dijo que "no es una mala idea" y que la comentará con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ya que es el competente para "resucitar esa antigua iniciativa" del Congreso de los Diputados.

Tras asegurar que en sus labores tanto Policía como Guardia Civil utilizan confidentes, pero siempre respetando "escrupulosamente" las leyes, Alonso recordó que "los confidentes de los que se está hablando aquí están imputados en un gravísimo atentado que ha producido 191 muertos".

REFORMA DE EXPLOSIVOS, EN SEPTIEMBRE

Además, para impedir hechos como los del 11-M, el ministro dijo que era "lógica" una reforma en la legislación sobre explosivos, para evitar que "un sólo cartucho" pueda ser sustraído. Señaló que la orden ministerial que dictó hace un par de semanas y que entrará en vigor en septiembre pretende delimitar con precisión el círculo de personas responsables del manejo de explosivos, así como concretar cómo reflejar ese control mediante dos registros que se han creado.

Insistió en que el incremento del control de los explosivos, desde que salen de la fábrica hasta que son utilizados, para "que no se escape ni un solo cartucho de dinamita", debe ir acompañado de una norma penal, para sancionar con prisión el incumplimiento de las obligaciones encaminadas a evitar cualquier hurto de explosivos.