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Otegi declarará mañana en la causa contra Batasuna y Salaberría lo hará también en la del impuesto revolucionario

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien sustituye a Baltasar Garzon al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, tomará declaración mañana a los ex parlamentarios de Sozialista Abertzaleak Jon Salaberria y Arnaldo Otegi por un delito de integración en ETA, en la causa que sigue contra Batasuna. Además, Salaberria también lo hará en la abierta en 1998 por el pago del impuesto revolucionario, en la que están imputados varios empresarios y las personas que mediaron entre ellos y la banda terrorista.

La citación de Otegi y Salaberría en la causa de Batasuna se produjo a instancias del fiscal adscrito al caso, Juan Moral, de cara al futuro procesamiento de ambos, condición en la que se encuentran otros 39 encausados en el procedimiento. A la causa del pago del impuesto revolucionario está adscrito el fiscal Jesús Alonso, aunque a la comparecencia de mañana sólo asistirá uno de los dos representantes del Ministerio Público.

Fuentes jurídicas consideraron improbable que el fiscal solicite prisión para alguno de los dos imputados, debido al tiempo que llevan abiertas las investigaciones en las que están implicados, aunque es posible que se les impongan ciertas medidas cautelares menores, como la prohibición de salir del territorio nacional y retirada del pasaporte.

No se había actuado antes contra Salaberria y Otegi, porque ambos formaban parte de la diputación permanente del Parlamento vasco y seguían siendo aforados. Por eso Garzón, el pasado 25 de febrero, elevó una atenta exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que les investigara por ser el órgano competente, al haber ocurrido los hechos que se les imputan en la citada Comunidad Autónoma.

Tras las elecciones y constituirse una nueva Cámara, tanto Otegi como Salaberria han perdido su condición de aforados, por lo que la Audiencia Nacional puede volver a proceder contra ellos. Para evitar cualquier vulneración del delito de defensa, se ha procedido a citarles a declarar antes de dictar su procesamiento. Previsiblemente el fiscal Moral lo instará el jueves.

El pasado mes de febrero, Garzón citó y procesó directamente en la causa seguida contra Batasuna a otros dos ex parlamentarios de Sozialista Abertzaleak que perdieron su condición tras la disolución de la Cámara vasca. Se trataba de Joseba Permach y Joseba Alvarez, quienes negaron ante el juez pertenecer a ETA en una breve comparecencia en la que el magistrado les comunicó su procesamiento. Ese mismo día, el juez también procesó al huido José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias "Josu Ternera".

PROCESAMIENTOS PREVIOS.

Con Permach, Alvarez y "Josu Ternera" son 39 los procesados en esta causa, ya que Garzón dictó auto de procesamiento el pasado 25 de enero contra otros 36 responsables de Batasuna (entre los que figuraban miembros y ex miembros de las distintas mesas nacionales de HB) por integración en la organización terrorista ETA. Además, ratificó todas las medidas cautelares decretadas en la causa, como el embargo de los bienes de las herriko tabernas, consideradas el instrumento por el que los procesados cometieron el delito de integración.

En el auto de procesamiento, en el que se anunciaba el envío de una exposición razonada se mencionaba a los aforados contra los que ahora se ha actuado. Así a Arnaldo Otegi, Garzón lo definía como ex liberado de KAS y miembro de las mesas nacionales de Herri Batasuna en 1998 y 2000, y de la de Batasuna en 2001; Jon Salaberria, ex responsable de Jarrai y ex liberado de KAS, así como responsable de Ekin; y José Federico Alvarez Forcada, miembro de la mesa nacional de HB en 1992, 1995 y 2000, y de la de Batasuna en 2001, así como de la Comisión Nacional de Herrikos.

Respecto a Joseba Jakobe Permach, el juez recordaba que ya elevó una petición similar al TSJPV el pasado 1 de septiembre para que fuera investigado. Garzón le atribuye haber formado parte de la mesa nacional de HB de 1998 a 2000 y de Batasuna, en 2001, mientras de "Josu Ternera" dice que fue responsable del aparato político de ETA entre 1979 y 1989, cuando fue detenido.

ESTRUCTURA DEL COMPLEJO POLÍTICO-VIOLENTO.

El auto de procesamiento explicaba que Herri Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, "sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, cual es la autodeterminación de la denominada 'Euskal Herria'".

"Para ello, sus responsables anteponen a cualquier otro medio el ejercicio de la violencia contra personas y cosas, cuya práctica, no sólo justifican, sino que consideran imprescindible para la solución de lo que denominan 'conflicto' y que no es más que una actividad criminal de contenido terrorista", continuaba la resolución.

HERRIKO TABERNAS.

El auto insistía en que HB-EH-Batasuna "fueron diseñadas, creadas, financiadas, controladas y dirigidas, a la vez que servían de nutrientes, en efecto retroalimentador, de la estructura militar, por esta misma (ETA) como parte integrante de ella. Y sus dirigentes, integrantes de la mesa nacional, que además han formado parte de otras estructuras clandestinas, han sido conscientes de esa subordinación y conjunción de medios y fines, y han aceptado la distribución de papeles en el desarrollo de la violencia, aunque ahora pretendan adoptar posiciones meramente nacionalistas que buscan el final del conflicto".

En cuanto a las herriko tabernas, el juez señalaba que "parece claro la sumisión y dirección de las mismas al proyecto común, controlado por la Comisión Nacional de Herrikos, controlada a su vez por la Mesa Nacional". Garzón recordaba que en mayo de 2004 acordó el cierre de las herriko tabernas, y la suspensión de actividades de Batasuna, ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, al no haber realizado el alto tribunal la liquidación de su patrimonio, el juez ratificó todas las medidas de embargo y de administración judicial que acordó el 9 de mayo de 2003 y que fue prorrogando.