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EEUU.- Las tabaqueras se enfrentan mañana en Nueva York al juicio por conspiración que podría llevarlas a la bancarrota

La Fiscalía reclama la devolución de 280.000 millones supuestamente obtenidos mediante fraude al silenciar los efectos del tabaco

NUEVA YORK, 20 (EUROPA PRESS)

Las tabaqueras estadounidenses se enfrentan desde mañana en Nueva York a las demandas por conspiración y fraude presentadas por la Fiscalía General, que acusa a estas compañías de haber silenciado los efectos adictivos de la nicotina durante más de cincuenta años; el juicio, tras cinco años de preparación, podría llevar al sector a la bancarrota.

Según informa hoy el diario 'New York Times', el caso se remonta supuestamente a 1953, fecha de la reunión mantenida en un hotel de Manhattan por los entonces presidentes de las compañías del sector; oficialmente se reunieron para crear un instituto de investigación, que hoy ya no existe, pero la Fiscalía asegura que el resultado fue un pacto sectorial para callar los efectos negativos del tabaco en la salud.

Las acusadas son Philip Morris y su casa madre Altria, R.J. Reynolds, Brown & Williamson (que este verano se fusionó con Reynolds), Lorillard (filial de Loews Corporation), British American Tobacco y el grupo Liggett, a las que se reclaman 280.000 millones de dólares (unos 230.000 millones de euros).

Los abogados del Estado, que llevan cinco años preparando el caso, aseguran que durante aquella reunión los gerifaltes de las tabaqueras acordaron silenciar los efectos adictivos de la nicotina que sus estudios ya habían confirmado, mentir sobre las enfermedades del 'fumador pasivo' y orientar sus esfuerzos publicitarios hacia las jóvenes generaciones.

La Fiscalía considera que este acuerdo puede considerarse como una 'conspiración' contra la salud pública y, en aplicación del concepto legal del 'disgorgement', pretenden que las tabaqueras devuelvan al erario público los eventuales beneficios de su conducta delictiva. De tener éxito, podría llevar al sector a la quiebra dado que el valor neto combinado de las empresas demandadas no llega a los 200.000 millones de dólares, 80.000 menos de los reclamados.

Así, desde mañana, el Tribunal Federal de Distrito, en un proceso sin jurado, escuchará a más de cien testigos, a los que se añaden las declaraciones por escrito de otros 200; se espera que el proceso se prolongue durante unos seis meses. Se trata, de hecho, de la mayor acción civil emprendida en el marco de la Ley contra la Influencia Mafiosa y la Corrupción de Organizaciones.

"ERROR PERO NO FRAUDE"

Las tabaqueras, por su parte, afirman que el caso no tiene base alguna, y que la postura antaño defendida de que el tabaco no era malo para la salud "pudo ser equivocada pero no existen pruebas de que constituya fraude". En palabras del vicepresidente de Altria, William Ohlemeyer, sus abogados demostrarán que ni hubo fraude en el pasado ni la intención de cometerlo en el futuro.

Estas compañías recuerdan también que en 1998 ya llegaron a un acuerdo con los 46 Estados que les habían demandado para recuperar 250.000 millones de dólares reclamados como indemnización para el sistema de salud pública. El acuerdo alcanzado con la Administración de Bill Clinton comprometía al sector a pagar 200.000 millones de euros en 25 años, en programas de salud, a cambio de cierto grado de inmunidad sobre demandas del pasado.

En este caso, sin embargo, no se trata de compensaciones al Estado sino de devolver beneficios que se consideran obtenidos mediante fraude. Es más, la actual demanda, presentada en 1999, incluía indemnizaciones para recuperar los gastos federales en sanidad, pero la juez Gladys Kessler --la misma que dirigirá este proceso-- las rechazó, limitando el caso a dos presuntas violaciones de la Ley contra la Influencia Mafiosa de Organizaciones.

Una de las organizaciones que han respaldado el caso, la Campaña para Niños Libres de Tabaco, apunta que con la llegada del republicano George Bush al poder las tabaqueras pensaron que la demanda quedaría paralizada; de hecho, el Congreso llegó a denegar la petición de fondos de la Fiscalía para seguir con el caso. Pero la guerra contra el terrorismo desvió la atención del presidente, según recuerda esta ONG.