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Economía/Energía.- El Senado boliviano comienza a debatir la Ley de Hidrocarburos, que afecta a proyectos de Repsol



Un diputado opositor del MAS viajará a España para trata de explicar que la Ley no impide la rentabilidad a las petroleras extranjeras

LA PAZ, 22 (EUROPA PRESS)

El Senado de Bolivia comenzó hoy a debatir la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, en la que se establece que las petroleras extranjeras deben pagar al Estado un 18% de regalías (cantidad que cobra el Estado por los permisos) y un 32% de impuestos directos, "no deducibles ni compensables".

En este contexto, el Congreso intentaba ayer un acercamiento entre el Ejecutivo y los movimientos sociales para evitar que la sanción de la Ley de Hidrocarburos en la Cámara alta, con sólo ligeros cambios respecto de lo aprobado por Diputados, desate una nueva crisis en el país andino.

"Ya somos 19 senadores (de un total de 27) los que tenemos la posición de no hacer modificaciones de fondo a la ley que llegó de Diputados", declaró la legisladora Ana María Flores, de Nueva Fuerza Republicana (NFR), en referencia a un consenso que abarca a senadores del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS).

En este sentido, precisó que los senadores han flexibilizado su posición al aceptar el 18% de regalías y el 32% de impuestos. Sin embargo, reconoció que los partidarios del Gobierno "intentarán que se hagan cambios de fondo", según informa la prensa local, de la que se hace eco Europa Press.

Mientras el Gobierno de Carlos Mesa insistía en mantener en el 18% las regalías y crear un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) del 32% de ejecución progresiva, y al que se podrían aplicar descuentos y compensaciones, el proyecto de la oposición era de elevar hasta el 50% las regalías a pagar por las petroleras.

RADICALIZAR LAS PROTESTAS.

El líder indígena y diputado del MAS, Evo Morales -uno de los principales instigadores de los cortes de carreteras que han mantenido en vilo al país es las últimas semanas-, ha asegurado que si los senadores realizan algún cambió a la Ley los sectores sociales radicalizarán sus protestas.

De momento, los movimiento sociales han optado por cambiar los bloqueos de carreteras por vigilias frente a la sede del Senado para "identificar a los senadores que son patriotas y a los que están con las multinacionales y el imperio". "Nosotros nunca hemos hablado de asumir nuevamente los bloqueos como medida de presión", explicó.

Asimismo, Morales indicó que no se permitirá que el Senado cambie o modifique los artículos de la polémica ley que hacen referencia a la propiedad de los hidrocarburos, la refundación de YPFB, la industrialización del gas en territorio boliviano y el derecho de los pueblos indígenas.

El diputado del MAS Jorge Alvarado, hombre de estrecha confianza de Evo Morales, comienza mañana una gira por Argentina, Brasil y España para tratar de convencer a la comunidad internacional de que el proyecto aprobado por la Cámara baja no impide la rentabilidad a las petroleras extranjeras.

Si finalmente la Ley de Hidrocarburos se sanciona en el Senado sin modificaciones sustanciales, "no alterará los precios a los que hoy vende Bolivia el gas" y las multinacionales tendrán "una rentabilidad del 25 al 30 por ciento", acorde con los márgenes internacionales, según explicó Alvarado antes de comenzar su gira.

QUEJAS DE LAS PETROLERAS.

Sin embargo, las petroleras extranjeras que operan en el país, algunas de las cuales han amenazado con reconsiderar sus inversiones, consideran que la actual ley es "confiscatoria" y que, en caso de ser ratificada por el Senado, perderán todas las partes, pero sobre todo el Estado boliviano.

Esta nueva ley "nos obligará a abandonar muchos de nuestros campos de gas y por eso todos perderíamos, sobre todo Bolivia. También será necesario reconsiderar las inversiones que teníamos previstas para los próximos años", afirmó ayer el presidente de Repsol YPF en Bolivia, Julio Gavito, en una entrevista al diario local 'La Razón'.

El consorcio británico British Gas (BG) ya amenazó la semana pasada con demandar judicialmente al Estado boliviano si se alteraban los contratos de riesgo compartido como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Hidrocarburos.

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