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Brasil.- Anulan condena de 600 años contra un coronel de policía brasileño acusado de ordenar la muerte de 100 presos

SAO PAULO, 16 (EP/AP)

Una corte estatal decidió el viernes descartar la condena de un ex coronel de la policía acusado de ordenar la matanza en 1992 de más de 100 reos durante un motín carcelario en Brasil. La decisión fue denunciada abiertamente por grupos defensores de los derechos humanos.

Ubiratán Gimaraes había sido condenado a 632 años en prisión en el 2001 después de que fue hallado culpable por la muerte de 102 reos que fueron asesinados a balazos durante un motín en la ahora desaparecida prisión de Carandirú el 2 de octubre de 1992.

Guimaraes fue acusado de emplear la fuerza de manera excesiva cuando ordenó a los policías que pusieran fin a la sangrienta rebelión de los presos.

Los integrantes de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos siguieron de cerca el juicio en Sao Paulo, y exigían que la decisión original y la sentencia se mantuvieran sin modificaciones.

La organización Amnistía Internacional indicó que el juicio del miércoles marcó "un pequeño pero importante paso" en el que fue probado el sistema de justicia criminal de Brasil.

La condena original de Guimaraes fue considerada como un logro por los grupos defensores de los derechos humanos, quienes aseguraban que la cifra fatal durante la matanza fue de cerca de 300, de acuerdo con datos extraoficiales.

Sin embargo, una corte estatal de apelaciones de Sao Paulo decidió por 20 votos a favor y apenas dos en contra una petición de la defensa para anular el juicio del policía, que se llevó a cabo en el 2001, basados en argumentos de que Guimaraes, quien era legislador estatal desde el 2003, sólo cumplía órdenes de sus superiores.

Además, los abogados defensores argumentaron que el juicio original presentaba varios errores. Guimaraes fue condenado en el 2001 por un grupo de siete jurados que decidieron en una votación de cuatro a tres que era culpable. Fue sentenciado a seis años de cárcel por cada uno de los 102 reos que fueron ejecutados sumariamente en la redada y a otros 20 años por cinco cargos de asalto con el fin de cometer asesinato.