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Crónica Colombia.- ICG advierte de la presencia de nuevos grupos armados tras la disolución de las AUC
El equipo de analistas llama al fortalecimiento del poder judicial y a una respuesta rápida por parte del Gobierno
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La paz en Colombia sigue siendo un objetivo lejano. Si bien la disolución de las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ha sido considerada por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, como un paso fundamental hacia la paz, el grupo de expertos en política internacional ICG afirma en su último informe que existe una importante emergencia de grupos armados que deben ser considerados como algo más que "bandas armadas", una nueva generación de paramilitares que requieren una respuesta rápida por parte del Gobierno.
Desde principios de 2006, no han sido pocas las organizaciones que han advertido sobre el rearme de grupos paramilitares presumiblemente disueltos. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), así como grupos de derechos humanos y organizaciones civiles perciben que las fuerzas paramilitares amenazan con resurgir, bien por no participar en las organizaciones entre Gobierno y AUC, o bien por la participación de algunos de sus miembros en organizaciones criminales, relacionadas con el tráfico de drogas.
Según ICG, existen pruebas que revelan que las mafias colombianas han establecido una relación de negocios en el campo del narcotráfico con guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, ICG cree que el plan del Gobierno de Uribe para reintegrar a los paramilitares se encuentra plagado de errores.
Estas señales de alarma, según el International Crisis Group, deben ser tomadas en cuenta, dado que las condiciones actuales favorecen la aparición de grupos paramilitares, a las que hay que añadir las escaramuzas entre el Ejército colombiano y las FARC y el ELN. Del mismo modo, el narcotráfico aporta fondos ilegales a los paramilitares, y además impiden la reintegración de los ex combatientes en la sociedad, al tiempo que fomentan el fortalecimiento y la reaparición de nuevos grupos armados.
Estos nuevos grupos, de acuerdo con ICG, carecen de la eficiencia organizativa de la AUC, y no tienen su alcance o poder. Pero el número de sus efectivos, unos 3.000 según la OEA, es "perturbadora", según el grupo, aunque algunas fuentes civiles estiman que su verdadero número de efectivos podría ser el triple.
Ejemplo de estos nuevos grupos podría ser la Organización Nueva Generación (ONG), que en la zona de Nariño han comenzado a operar al viejo estilo de las AUC, realizando operaciones para controlar a la población de la región, así como fomentando el tráfico de drogas en la zona. Por su parte, otros grupos como las Águilas Negras, en Norte de Santander, son menos visibles, aunque ambos compiten y cooperan con las redes de cárteles en la frontera venezolana.
RESPUESTA INSUFICIENTE
ICG estima que la respuesta del Gobierno hasta el momento ha sido "insuficiente", al limitar la amenaza a una cuestión "policial", dejando en manos de los agentes de Policía colombianos la tarea de desarrollar una unidad especial de búsqueda destinada a acabar con las "bandas criminales", lo que no ha impedido que las nuevas organizaciones armadas se extiendan por todo el país.
Además, ICG denuncia que existen algunas regiones que no cuentan con el apoyo conjunto de las diferentes fuerzas de seguridad. El grupo de expertos lamenta que el Fiscal General no pueda llevar a cabo sus investigaciones precisamente por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para recabar pruebas y por encontrarse "intimidados" por los sicarios de estas organizaciones.
Es por ello por lo que ICG recomienda una "estrategia más exhaustiva" para derrotar a las organizaciones criminales como a los nuevos grupos armados en Colombia: una táctica que combine una información de inteligencia "sólida" que combine actuación policial y militar, respetando siempre los derechos humanos y complementada por nuevos programas de reintegración de los ex paramilitares en la sociedad, junto con una reforma rural masiva, que se concentre en primer lugar en las regiones donde el dominio paramilitar ha desaparecido, pero que siguen amenazadas por estos nuevos grupos y las organizaciones criminales que les respaldan.
RECOMENDACIONES
Así, el ICG recomienda al Gobierno de Colombia que mejore el nivel de sus servicios de inteligencia en la lucha contra los paramilitares, sino que incremente la presencia policial en las regiones afectadas, especialmente a lo largo de la frontera.
Además, ICG aboga por una "acción inmediata" contra estos nuevos grupos emergentes, toda vez que sean detectados por los representantes de la OEA. A nivel judicial, el grupo de expertos recomienda el fortalecimiento de las instituciones, en particular a la oficina del fiscal general, que debería recibir nuevos investigadores y técnicos informáticos, para evitar intromisiones en el sistema.
A la Policía y fuerzas armadas, ICG pide una estrecha cooperación con las instituciones judiciales, a las solicita participar en las investigaciones de los crímenes cometidos por miembros de estos nuevos grupos armados y organizaciones criminales.
ICG también insta a rastrear los archivos de inteligencia y las comunicaciones d e los mandos militares en relación a los 2.695 paramilitares que buscan la reducción de su sentencia, y distribuir copias a la oficina del fiscal general, Mario Iguarán, así como investigar las acusaciones de relaciones entre personal de seguridad y estos nuevos grupos armados, suspendiendo a todos los oficiales involucrados con ellos.
Finalmente, el grupo de expertos llama a la protección de los civiles, entre los que se incluyen líderes sindicales y organizadoras de grupos feministas y evitar, en sus operaciones militares, el desplazamiento forzado y la violación de los territorios indígenas.
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