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Noticias del mundo - Europa |
UE- El reparto del poder, cristianismo y el Pacto de Estabilidad,principales temas pendientes en la Constitución
El texto resultante de la CIG supondrá un retroceso en diversos puntos respecto a lo propuesto por la Convención
BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)
La representación de cada uno de los Estados miembros en las instituciones europeas, la inclusión de la herencia cristiana en el preámbulo de la Constitución y la aplicación del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento son los tres principales temas a los que los jefes de Estado y de Gobierno se enfrentarán en su reunión del 17 y 18 de junio.
Este Consejo, presidido por Irlanda, tiene el reto de cerrar el texto de la Constitución europea que lleva negociándose desde hace ya más de dos años y que no pudo ser aprobado en noviembre pasado debido a la oposición frontal de España y Polonia a un sistema institucional que en su opinión no tenía en cuenta su dimensiones demográficas.
Los catastróficos resultados de las elecciones europeas del pasado fin de semana --abstención, voto de castigo a los gobiernos, ascenso del euroescepticismo-- han sido interpretados por los políticos europeos de los Veinticinco como una señal de la urgencia de un mensaje fuerte a los ciudadanos a favor de la integración europea.
La presidencia irlandesa de la UE pondrá sobre la mesa antes de la Cumbre --probablemente mañana-- un nuevo texto que intente reunir el consenso. Respecto a las cuestiones institucionales será la primera vez desde noviembre que se vuelvan a abordar entre los Veinticinco, ya que hasta ahora el tema estaba tan abierto que sólo el presidente irlandés, Bertie Ahern, lo ha tratado con sus homólogos de forma bilateral en su gira de capitales.
Dado que España ya acepta el principio de doble mayoría para la representación en el Consejo de ministros, ahora quedan por "pulir" las cifras propuestas por la Convención, que prevén que una decisión podrá ser tomada por mayoría cualificada cuando reúna a más de la mitad de los Estados miembros y el 60 por ciento de la población total de la UE.
Para satisfacer a Madrid en sus quejas de que este sistema erosiona su peso específico frente a sus socios europeos respecto al Tratado de Niza, diferentes fuentes señalan como vía de salida elevar los umbrales o bien establecer otros mecanismos de "llave" para evitar que se tomen decisiones en contra de cierta cantidad de población o Estados. Asimismo, el número de escaños podría también ser elevado como elemento de compensación, pero por el momento, ninguna propuesta ha sido lanzada oficialmente.
Por otra parte, la Cumbre estará marcada por la reclamación de ocho países (Polonia, Portugal, Italia, República Checa, Eslovaquia, Malta, Lituania y Letonia) de incluir dentro del preámbulo una alusión a la herencia cristiana, punto sobre el cual la presidencia ha considerado que no hay consenso suficiente. Francia, que ha hecho de su laicidad símbolo de Estado, se opone fervientemente a cualquier prescripción de este tipo.
GOBERNANZA ECONOMICA
En cuanto a la discusión sobre la gobernanza económica, ésta se centrará en la aplicación del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento y las reglas para la gestión de la Zona euro.
La presidencia ha admitido incluir en el texto la idea defendida por Alemania, Italia, Polonia y Grecia de mantener el actual limitado poder de la Comisión europea en la aplicación del Pacto, en contra de los avances que había propuesto la Convención y la presidencia italiana anterior.
En concreto, el proyecto permitía a la Comisión hacer "propuestas" a aquellos Estados que registren déficit público excesivo que no puede rechazarse o modificarse más que con la unanimidad del Consejo. Ello supone más poder para el Ejecutivo que en la situación actual, en la que Bruselas no puede dirigir más que recomendaciones que pueden ser rechazadas por una minoría de bloqueo en el Consejo como ya ha ocurrido en los casos de Alemania y Francia.
Por otra parte, los países de la zona euro quieren que la entrada de un nuevo miembro en su club tenga que ser decidida por mayoría cualificada entre ellos, algo a lo que se oponen Polonia y Reino Unido. Asimismo, Holanda, que había entablado negociaciones con Alemania para establecer un mecanismo de control sobre la aplicación del Pacto a través del Tribunal de Justicia de la UE, sigue sin encontrar satisfacción a sus aspiraciones.
TEXTO DESCAFEINADO
El devenir de las discusiones ha hecho que existan fuertes probabilidades de que en diferentes puntos los avances logrados por la Convención queden'descafeinados' en el texto final. Así, las perspectivas financieras serán decididas muy probablemente por unanimidad debido a que La Haya no quiere pasar a mayoría cualificada hasta que no se resuelva su contribución excesiva, aunque podría fijarse una fecha (2014 probablemente) para el paso a unanimidad.
En cuanto al establecimiento de los recursos propios de la Unión, la propuesta sobre la mesa establece que el techo de los mismos será decidido por unanimidad, y sólo las modalidades de los mismos lo será por mayoría cualificada y dictamen del Parlamento.
No obstante, diversos observadores valoran positivamente los esfuerzos de la presidencia para buscar "fórmulas imaginativas" que contenten a aquellos que se negaban en redondo a permitir la toma de decisiones demasiado fácilmente en temas que les pueden afectar. De hecho, la nueva Constitución elimina el derecho de veto sobre más de sesenta temas y abre vías, más o menos sofisticadas y complicadas, para avanzar en otros a través de grupos de países.
Así, en defensa se pondrán plantear cooperaciones estructuradas entre una serie de países que estén dispuestos a ir más deprisa, aunque necesitarán la unanimidad del Consejo para ello. En Política Exterior y Seguridad Común también existe la posibilidad de cooperación ahora denominada "reforzada" a través de una decisión de todos, aunque se establece también una 'pasarela' para que en un momento dado se pueda avanzar por mayoría cualificada.
Es el mismo caso que en otras materias como fiscalidad y temas sociales, donde muchos Estados miembros quisieran haber sido más ambiciosos que el texto que pueden aceptar países como Reino Unido o Irlanda.
Finalmente, en el área de justicia e interior, se ha retrocedido también respecto a lo previsto por los convencionales (decisiones por mayoría sin derecho a veto) con un instrumento que combina un 'freno' en la decisión por iniciativa de un Estado miembro y una posterior cooperación reforzada si se mantienen las desavenencias.
Así, un país que se sienta amenazado en su ordenamiento jurídico por una propuesta de la Comisión podrá pedir al Consejo Europeo ayuda, y si éste a lo largo de cuatro meses no logra acomodo puede requerir una nueva propuesta modificada al Ejecutivo. Si tras 12 meses el conflicto persiste, podrá lanzarse una cooperación reforzada por mayoría cualificada del Consejo.
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