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UE.- El PE pedirá mañana que se reconsidere 'seriamente' la financiación comunitaria del trasvase Júcar-Vinalopó

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pedirá mañana a la Comisión que reconsidere "seriamente" su decisión de financiar con 80 millones de euros el trasvase Júcar-Vinalopó, al sur de la Comunidad Valenciana, ya que no existe una garantía de caudales suficientes, lo cual entraña un riesgo "no sólo de daños ambientales y ecológicos permanentes en un área frágil, sino de despilfarro de recursos comunitarios".

Estas conclusiones están recogidas en el informe elaborado por la misión de la Eurocámara que viajó a la Comunidad Valenciana entre los días 25 y 28 de mayo -formada por la socialista alemana Margot Kessler, y el representante de los Verdes británico Eurig Wyn- para estudiar sobre el terreno las denuncias de la organización ecologista WWF/Adena, un texto que será adoptado mañana por la Comisión de Peticiones. La delegación se reunió con miembros de las Cortes Valencianas, autoridades locales, ONG, sindicatos agrícolas y con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues.

En su informe, los eurodiputados critican que el informe realizado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre el trasvase, que sirvió como base para aprobar la financiación europea, "omite por completo toda consideración de la repercusión del trasvase de aguas en los humedales de la Albufera, protegidos en el marco de la directiva sobre Hábitats". Durante las reuniones mantenidas por la misión del Parlamento se puso de relieve, explican, la importancia económica de la Albufera, no sólo por el turismo sino sobre todo por el cultivo del arroz.

"En opinión de la delegación, deben investigarse alternativas reales que vayan mucho más allá que el actual proyecto Júcar-Vinalopó, que --si se autoriza que siga adelante-- podría conllevar la decadencia inevitable de la vida social y económica de las ciudades y pueblos circundantes, al tiempo que pondría fin a la calidad única del entorno natural, que ha constituido un orgullo para España y la región valenciana y sus gentes durante siglos", explica el informe. "Se necesita un verdadero plan hidrológico alternativo basado en más criterios de desarrollo sostenible".

Los eurodiputados destacan la diferencia de enfoque del nuevo gobierno respecto del anterior, ya que "parece mayor su disposición a considerar alternativas adecuadas, incluida la desalación, así como el uso del canal Tajo-Segura", y piden al Ejecutivo comunitario que envíe una misión de especialistas del departamento de Medio Ambiente para que supervise y evalúe la situación.

"Resulta, cuanto menos, bastante curioso que se apruebe la financiación del proyecto antes de que las autoridades que han de materializarlo hayan seguido las recomendaciones", concluye el informe, en referencia a la decisión de la Comisión de condicionar el pago de los 80 millones al cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que destaca la prohibición de que el trasvase se nutra de agua del Ebro.

ABUSOS URBANÍSTICOS

El informe elaborado por la misión de la Eurocámara que se debatirá mañana contiene también recomendaciones para modificar la ley urbanística valenciana (LRAU), a raíz de las peticiones presentadas por la asociación 'Abusos Urbanísticos No', que recogió más de 10.000 firmas de ciudadanos de toda la Unión Europea.

Según esta asociación, la ley valenciana atenta contra el derecho a la propiedad, ya que los propietarios de terrenos que son reclasificados como "urbanizables" están obligados a ceder un 10 por ciento del suelo, sin compensación alguna, como contribución a la provisión de servicios públicos. También están obligados a aportar, bien en suelo o en metálico, hasta el 65 por ciento del valor de la infraestructura de urbanización.

Los eurodiputados respaldan estas denuncias y consideran que la LRAU es una "mala ley". Por ello, celebran la decisión del gobierno valenciano de iniciar los debates para su reforma el próximo mes de octubre. En todo caso, piden una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana hasta que la legislación actual se conforme a la comunitaria, y compensaciones para las personas a las que ya se les han confiscado y destruido sus propiedades.