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UE.- El PE pide a la Comisión que reconsidere 'seriamente' la financiación comunitaria del trasvase Júcar-Vinalopó

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy por 14 votos a favor, 3 en contra y tres abstenciones, un informe en el que pide al Ejecutivo comunitario que reconsidere "seriamente" su decisión de financiar con 80 millones de euros el trasvase Júcar-Vinalopó, al sur de la Comunidad Valenciana, ya que no existe una garantía de caudales suficientes, lo cual entraña un riesgo "no sólo de daños ambientales y ecológicos permanentes en un área frágil, sino de despilfarro de recursos comunitarios".

En contra votaron los tres eurodiputados españoles del Partido Popular presentes, José Manuel García Margallo, Cristina Gutiérrez Cortines y Carlos Iturgaiz. El representante socialista de Valencia, Joan Calabuig, se abstuvo en la votación, mientras que el parlamentario verde David Hammerstein, integrado también en la lista de los socialistas valencianos, apoyó el contenido del informe.

El texto fue elaborado por la misión de la Eurocámara que viajó a la Comunidad Valenciana entre los días 25 y 28 de mayo --formada por la socialista alemana Margot Kessler, y el representante de los Verdes británico Eurig Wyn-- para estudiar sobre el terreno las denuncias de la organización ecologista WWF/Adena, y en él se pide además una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana y compensaciones a las personas que hayan sufrido expropiaciones como consecuencia de la ley reguladora de la actividad urbanística LRAU. De momento todavía no se ha decidido si se enviará al pleno del Parlamento, aunque sí que servirá para mantener el debate sobre las dos cuestiones en el Comité de Peticiones.

Los eurodiputados señalan importantes omisiones en el informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que sirvió de base para aprobar la financiación del trasvase, especialmente porque no tiene en cuenta su impacto sobre el parque natural de la Albufera, y piden al Ejecutivo comunitario que envíe una misión de especialistas del departamento de Medio Ambiente para que supervise y evalúe la situación.

"Deben investigarse alternativas reales que vayan mucho más allá que el actual proyecto Júcar-Vinalopó, que --si se autoriza que siga adelante-- podría conllevar la decadencia inevitable de la vida social y económica de las ciudades y pueblos circundantes, al tiempo que pondría fin a la calidad única del entorno natural, que ha constituido un orgullo para España y la región valenciana y sus gentes durante siglos", explica el informe.

En el debate de la Comisión de Peticiones, Antonio Estevan, portavoz de la Funciación Nueva Cultura del Agua y representante de los peticionarios, aseguró que los últimos datos disponibles confirman que "no hay agua para hacer el trasvase manteniendo los caudales ecológicos". Por tanto el Ejecutivo comunitario se enfrenta "a dilema sin solución: si la obra sigue adelante y se respetan los caudales ecológicos no se podrá trasvasar agua y se habrán dilapidado los presupuestos comunitarios. Si no se respetan, se incumplirá la legislación comunitaria".

A estos argumentos, los técnicos de la Generalitat Valenciana invitados a la reunión respondieron que el trasvase Júcar-Vinalopó resultará "beneficioso" ya que sus objetivos son "frenar la explotación de los acuíferos, mantener los regadíos existentes y asegurar el abastecimiento urbano". Sobre su impacto sobre la Albufera, destacaron que en la actualidad el parque natural se abastece mayoritariamente de su propia cuenca, por lo que la canalización no le afectará.

Por su parte, Joan Calabuig afirmó que antes de tomar cualquier decisión "convendría pedir al gobierno español que traslade de forma oficial cuál es su posición y si puede cumplir o no las recomendaciones de sostenibilidad" que ha hecho la Comisión Europea. El popular García Margallo destacó con ironía que "por una vez" estaba de acuerdo con Calabuig. "Nadie sabe lo que piensa la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sería una primicia que los eurodiputados agradeceríamos".

García Margallo insistió además en que la alternativa de la desalación sería más cara y que es posible ahorrar agua para realizar el trasvase, enfatizando que la cuenca del Júcar servirá como proyecto piloto en la aplicación de la directiva marco del agua. En el mismo sentido se expresó Cristina Gutiérrez Cortines, que aludió al impacto de las desaladoras en las emisiones de dióxido de carbono y en las poblaciones de posidonia en el Mediterráneo.

La opinión más contundente contra el Júcar-Vinalopó la expresó el eurodiputado Verde David Hammerstein, que insistió en que la Comisión Europea "debe considerar los nuevos datos de que apenas hay agua para el trasvase". Además, criticó que las obras se hayan iniciado ya sin que se cumplan las condiciones impuestas por el BEI sobre la necesidad de elaborar un nuevo plan de regadíos y sobre el ahorro de agua. "Se va a pagar una obra que no se utilizará, es un despilfarro", concluyó.