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España y Francia piden que la UE ayude a los países de origen de la inmigración a controlar sus fronteras

Los Veinticinco no logran ponerse de acuerdo sobre la eliminación del veto en temas de asilo

LUXEMBURGO, 25 (EUROPA PRESS)

España y Francia pidieron hoy en la reunión de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea que se abandone la idea de crear centros de tránsito de refugiados fuera de las fronteras comunitarias y en su lugar se apueste por incrementar la ayuda al desarrollo a los países de origen y de tránsito para que sean ellos mismos los que mejoren el control de sus fronteras y fijen a la población.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, reiteró la "posición contraria" de España a poner en marcha los campos de inmigrantes, tal y como defienden Alemania, Italia, Gran Bretaña y la presidencia holandesa. "Nuestra posición es conocida. Tenemos muchas dudas por lo que respecta al tratamiento humanitario, los aspectos esenciales de gestión, y la eficacia para lo que se pretende de lucha contra la inmigración ilegal y gestión del asilo", explicó.

En su opinión, la alternativa está en ayudar a los países de origen y de tránsito de los inmigrantes a "reconstruir sistemas sociales potentes que eviten los flujos de immigración ilegal de raíz, y a construir aparatos administrativos que les ayuden a gestionar las peticiones de asilo y la immigración ilegal". Si se creasen centros de inmigrantes, por ejemplo en Marruecos, la gestión debería corresponder a los propios países y no a la Unión Europea "por una cuestión de soberanía".

En el mismo sentido se expresó el ministro francés del Interior, Dominique de Villepin, que considera que los campos de refugiados fuera de la UE no son una "solución eficaz" ya que "no permitirá reducir el flujo de inmigración clandestina a nuestros países". Francia se opone a estos centros de tránsito porque considera que suponen "un atajo, una solución simple, un remedio milagro" y plantean "problemas jurídicos, financieros y morales".

Villepin defendió en contraste "una solución global" basada en la cooperación con los países de origen y de tránsito de los inmigrantes, que según dijo "es la única viable". Se trataría de vincular la política europea de ayuda al desarrollo con la política de inmigración. "Con una política más adaptada se pueden lograr cláusulas migratorias que permitirán luchar mejor contra la inmigración ilegal, también podemos ayudar a los países a proteger sus fronteras y fijar a la población (...) La política de desarrollo reducirá el número de candidatos a la inmigración", sintetizó.

La divergencia de puntos de vista entre los Veinticinco provocó que la presidencia holandesa decidiera finalmente no suscitar un debate "específico" sobre los centros de tránsito y, en su programa sobre el futuro de la política de Justicia e Interior, conocido como 'programa de la Haya', se limitó a invitar a la Comisión a que elabore un informe sobre la "posiblidad de procesar peticiones de asilo fuera del territorio de la Unión Europea". Una referencia que en fuentes diplomáticas se interpreta como un abandono casi definitivo de la idea de campos de inmigrantes.

Por lo que se refiere a la inmigración legal, la delegación española defendió la necesidad de "un plan de acción europeo", que incluya "apoyo financiero a los Estados miembros para conseguir un valor añadido de la Unión Europea" en este terreno.

VETO EN ASILO E INMIGRACIÓN

Los Veinticinco no lograrón tampoco ponerse de acuerdo sobre la eliminación del veto en temas de asilo e inmigración y la toma de decisiones por mayoría cualificada de votos y con la intervención del Parlamento Europeo a partir de abril de 2005, como pretende la presidencia holandesa, adelantando así lo que prevé la Constitución Europea. Gran Bretaña y Alemania encabezaron la defensa de la competencia nacional en estas materias y la exigencia de una 'pausa legislativa' comunitaria.

Los dos países se resistieron también a fijar el 2010 como fecha para culminar la creación de un sistema común de asilo en la Unión Europea. Incluso España, tradicionalmente partidaria de avanzar a nivel comunitario en materia de inmigració, señaló que "antes de profundizar tenemos que hacer una evaluación de lo hecho hasta la fecha", en palabras del ministro Alonso. A pesar de ello, la presidencia holandesa decidió mantener esta fecha en el 'programa de la Haya'.

En este punto contó con el respaldo principal de Francia. Dominique de Villepin defendió que este sistema común de asilo debe tener "una doble finalidad de eficacia y legitimidad" ya que "la débil armonización actual conduce a los peticionarios a los países más flexibles". "Se trata de descartar las peticiones de asilo que son injustifiadas y poder tratar mejor las legítimas", defendió. La presidencia holandesa pretende alcanzar un acuerdo definitivo en estos puntos pendientes en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 5 de noviembre en Bruselas.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

El 'programa de la Haya' contempla también nuevas medidas para luchar contra todas las formas de terrorismo, especialmente por lo que se refiere al intercambio de información. Pero también en este campo se registraron enfrentamientos entre los países que, como España, defienden que este intercambio se extienda incluso a la utilización de los datos de pasajeros de líneas aéreas, y los que, como Francia o Bélgica, son partidarios de establecer más garantías sobre la privacidad.

La presidencia holandesa aceptó el principio de disponibilidad como base del intercambio de información policial a partir de 2008. Esto supone que cuando un Estado miembro necesite una información concreta de la que dispone otro Estado, éste último está obligado a facilitársela. "Las fronteras no han de ser un obstáculo al intercambio de información, aunque se necesitan garantías como la protección de la vida privada", destacó el ministro del Interior holandés, Johannes Remkes.

El ministro José Antonio Alonso pidió que la UE establezca un sistema de alerta rápida de robos de materias y de explosivos, exigencia que de momento no se ha incluido en el 'programa de la Haya'. La delegación española solicitó además un registro central de cuentas bancarias y una regulación en el ámbito europeo de los movimientos transfronterizos de dinero en metálico, como medidas para luchar contra el terrorismo.