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UE.- La CE cree que la estructura accionarial de Izar plantea 'algunas dudas' al tener un control público mayoritario

BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea cree que la estructura accionarial de la parte civil de Izar acordada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los sindicatos plantea "algunas dudas" al tener un control público mayoritario, que podría traducirse en la concesión de nuevas ayudas ilegales al grupo de astilleros, según explicaron a Europa Press fuentes comunitarias. Este mensaje fue transmitido ayer por los funcionarios de Competencia del Ejecutivo comunitario a representantes de la SEPI en una reunión informal de trabajo mantenida en Bruselas.

"La única cosa que les dijeron claramente es que en una estructura empresarial que va a ser controlada mayoritariamente por entidades públicas es lógico que se planteen algunas dudas de que puedan volver a beneficiarse de ayudas ilegales", explicaron las fuentes, que sin embargo declinaron precisar si esta crítica se refiere exclusivamente a la participación de las cajas de ahorro en Izar.

En la última reunión celebrada a finales de octubre, los sindicatos y la SEPI acordaron crear un holding que agruparía tanto a la parte civil como a la parte militar de Izar. La SEPI controlaría el 100% de la sociedad militar y el 49% de la sociedad civil. Las cajas de ahorro, consideradas como entidades privadas pero con control público, asumirían un 20%, hasta llegar al 70%.

Ambas partes acordaron suspender las negociaciones para solicitar la opinión de Bruselas sobre esta estructura accionarial como requisito "imprescindible" para seguir adelante. También pretendían una valoración de la Comisión sobre la estructura, composición y contenidos del holding que agrupará a la división militar y a la civil, y que, en opinión de SEPI, debería ser sólo tenedora de las acciones, mientras que los sindicatos pretenden que actúe como una unidad empresarial.

El Ejecutivo comunitario insiste en que la solución final que se adopte para Izar no puede contemplar nuevas ayudas directas o indirectas para los astilleros. La Comisión sólo estaría dispuesta a aceptar ayudas sociales para la prejubilación o para limitar el impacto de la crisis que pueda provocar la eventual liquidación de parte de los astilleros entre los trabajadores y las familias.