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UE.- La UE intenta superar mañana el bloqueo de Grecia, Chipre y Malta para armonizar las penas a buques contaminantes

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea intentarán superar mañana el bloqueo de Grecia, Chipre y Malta a la armonización europea de sanciones económicas y de cárcel para los responsables de delitos de contaminación en el mar y de catástrofes como el naufragio del 'Prestige' o del 'Erika'. Los tres países, criticados por albergar un gran número de barcos gracias a su flexibilidad normativa, lo rechazan porque afirman que dejará en posición de inferioridad a los buques europeos respecto a sus competidores de terceros países.

La presidencia holandesa tratará de lograr "algún avance" en las negociaciones pero reconoce de antemano que existen "algunos asuntos que deben resolverse con varios Estados miembros" y duda que pueda alcanzarse un compromiso. Como los puntos de desacuerdo son "políticos" y no "técnicos", si no se llega a un acuerdo mañana la cuestión se enviará probablemente a los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de los días 16 y 17 de diciembre.

La propuesta prevé que cada Estado miembro tome las medidas necesarias para asegurarse de que los vertidos contaminantes sean castigados por penas "eficaces, proporcionadas y disuasivas", en las cuales se incluirán también penas de un mínimo de entre uno y tres años de cárcel. No obstante, los casos más graves podrían conllevar hasta diez años de prisión si se han provocado daños a la calidad del agua, o la riqueza animal o vegetal. Para adoptarla es necesaria la unanimidad de los 25.

En el último debate celebrado el pasado 26 de septiembre, griegos, chipriotas y malteses quedaron aislados respecto al resto de Estados miembros, pero aún así mantuvieron sus reservas al texto porque en su opinión va más allá de las provisiones de la Convención internacional MARPOL y causaría una desventaja "discriminatoria" para los buques europeos respecto a sus competidores de terceros países.

España, Alemania, Francia y Portugal fueron los países que defendieron más enérgicamente la necesidad de un acuerdo por el "riesgo importante" de que vuelva a producirse otra catástrofe como la del 'Prestige' o la del 'Erika' en las costas europeas, informaron las fuentes. En opinión de estos cuatro países, la Unión Europea debería ser el "modelo a seguir" en materia de seguridad marítima para provocar un "efecto de arrastre" a nivel internacional que permita mejorar la Convención Marpol.

Los ministros también recordaron a Grecia, Chipre y Malta que los propios jefes de Estado y de Gobierno de la UE exigieron la armonización de penas para los buques contaminantes tras el naufragio del Prestige y por ello los responsables de Justicia no podían contradecirles. Sólo una "cuestión de suerte" ha evitado un nuevo accidente similar en las costas europeas en los últimos dos años, según la opinión mayoritaria del Consejo, y por ello es urgente adoptar más medidas.

DESCARGAS DELIBERADAS

Los naufragios del 'Prestige', en noviembre de 2002, y del 'Erika', en diciembre de 1999, pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar el arsenal de la lucha contra la contaminación procedente de buques. Sin embargo, la contaminación se debe, sobre todo, a las descargas deliberadas tales como operaciones de limpieza de tanques y eliminación de aceites usados.

En total, 390 manchas de petróleo fueron descubiertas en el Mar Báltico y 596 en el Mar del Norte en 2001. En este contexto, la propuesta establece que las descargas que incumplan la legislación comunitaria constituirán infracción penal, y motivarán la aplicación de sanciones, en particular de carácter penal, si los responsables son declarados culpables por haber actuado de forma deliberada o negligente.

Así, la legislación en discusión se aplicará a las descargas ilegales procedentes de todo tipo de buques, con independencia de su pabellón, excepto si se trata de buques de guerra o utilizados por un Estado para servicios gubernamentales de carácter no comercial.

Además será sujeto de sanción, incluso de carácter penal, toda persona a la que un tribunal declare responsable, es decir, no sólo el armador, sino también el propietario de la carga, la sociedad de clasificación o cualquier otra persona involucrada.

Entre las multas figura el decomiso de las ganancias derivadas de las infracciones, la inhabilitación temporal o permanente para desempeñar actividades comerciales, la intervención judicial y la inhabilitación para recibir ayudas y subvenciones públicas.