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Italia.- El abogado de Berlusconi pide su absolución por el cargo de soborno de magistrados

ROMA, 3 dic. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, C. Giles)

Uno de los abogados del presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, pidió hoy en su alegato defensivo la total absolución de su cliente, acusado de corrupción de jueces, porque los hechos de lo que se le acusa no existen.

Según Ghedini, "el hecho no subsiste" y la acusación de la Fiscalía se ha basado únicamente en la "lógica de la sospecha". El abogado de Berlusconi explicó que la prueba principal presentada por la acusación --las transferencias bancarias por un valor de 434.000 dólares, que salían de las cuentas en el extranjero de la empresa de Berlusconi, Fininvest, a cuentas del abogado del grupo, Cesare Previti-- eran "compensaciones profesionales".

El pasado 19 de noviembre, la fiscal Ilda Boccassini, que pidió 8 años de cárcel para Berlusconi, sostenía que estas transferencias a las cuentas de Previti terminaban en los bolsillos del juez Renato Squillante para que "estuviera al servicio del grupo" económico que dirige Berlusconi.

El proceso principal que trataba el soborno a jueces para bloquear la venta del grupo alimenticio SME y favorecer la adquisición al grupo de Berlusconi terminó con la absolución de todos los imputados ya que no se encontraron pruebas de este caso específico mientras que fueron condenados en general por "corrupción de jueces" los implicados en el llamado "Caso Ariosto", es decir Previti, abogado y diputado del partido de Berlusconi, Forza Italia, que fue condenado a 5 años; el abogado Atilio Pacífico, condenado a 4 años; y el ex juez instructor del Tribunal de Roma Renato Squillante, que fue condenado a 8 años.

El juicio se dividió en dos partes, una que terminó el pasado 22 de noviembre, y la otra parte del juicio, que comenzó el 16 de mayo de 2003, en la que se acusaba al presidente de Fininvest, Berlusconi.

En un primer momento el proceso fue suspendido por la aprobación de la ley que instituía la inmunidad a los cinco altos cargos del Estado y por consecuencia la suspensión de los posibles procesos penales en curso. Pero tras diez meses de suspensión, el Tribunal Constitucional consideró que la ley era inconstitucional por lo que el juicio contra Berlusconi se tuvo que reanudar desde el principio y ante una sala del Tribunal de Milán diferente a la que juzgó al resto de acusados.

También, el 19 de noviembre, la parte civil que representa a la presidencia del Consejo (Gobierno) en el proceso SME sobre la presunta corrupción de jueces, pidió 1.100 millones de euros al presidente de Finninvest. Tras la presentación de los alegatos de defensa, se reunirá el Tribunal y la sentencia final se cree que podrá llegar antes de finales del año.