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UE.- El Ecofin descarta eliminar ciertos gastos del cálculo del déficit público

Los ministros avanzan en la reforma del Pacto respecto a la fase preventiva, pero divergen en la forma de corregir las desviaciones

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Ecofin y primer ministro luxemburgo, Jean Claude Juncker, aseguró hoy que en ningún momento propondrá la eliminación de ciertas categorías de gasto del cálculo del déficit público en el marco de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Juncker aseguró incluso que esa idea, que se barajaba para descontar del déficit, por ejemplo, la contribución nacional al presupuesto comunitario o las inversiones en defensa y educación, tampoco es defendida por Alemania.

Al término de la primera reunión como líder de los ministros de Economía y Finanzas de la UE, Juncker se mostró "razonablemente optimista" para lograr un acuerdo global el próximo mes de marzo. "Constato que progresamos y que las posiciónes se están acercando, por lo que tengo esperanza de que podamos acabar la reforma dentro de los plazos previstos", manifestó.

Asimismo, se mostró satisfecho al constatar que se han abandonado las "posiciones extremas", en especial entre los que una reforma del Pacto se entendía como su flexibilización (Francia, Alemania e Italia) y los que no estaban dispuestos a tocar nada (Holanda, Austria, Finlandia).

Según Juncker, hay un acuerdo tácito entre los Veinticinco para no tocar "ni una sola coma de Tratado", no reducir el papel de la Comisión en el proceso de vigilancia presupuestaria ni eliminar "bloques enteros de gastos del déficit".

Así las cosas, el futuro 'Mister euro' mostró su pleno convencimiento en que logrará un acuerdo primero en el Ecofin y después entre los jefes de Estado y de Gobierno. "El Consejo Europeo y el Ecofin no provocan en mí ningún escalofrío porque los dos me son accesibles", bromeó ante las preguntas de los periodistas sobre la dificultad de convencer al canciller alemán, Gerard Schroeder, de olvidar las propuestas que explicó ayer en el 'Financial Times'.

El artículo del responsable alemán defendía una flexibilización en la aplicación del Pacto porque a su juicio, funcionará mejor "si las intervenciones en la soberanía presupuestaria de los Estados miembros, sólo se permiten bajo limitadas condiciones". Frente a ello, Juncker se limitó a decir que Schroeder "siempre ha lamentado la pérdida de credibilidad del Pacto".

En la misma línea, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, dijo que "hay un consenso absoluto y total respecto a que los procedimientos deben ser desencadenados de forma automática cuando se llega al 3 por ciento de déficit, y segundo, a que la Comisión tiene que hacer su trabajo y el Consejo debe evaluar". "No estamos modificando para nada el concepto de déficit (...) No hacemos nada en contra del Pacto, si no una corrección de los elementos que han planteado problemas y que tiene un sentido económico", subrayó.

POSICION ESPAÑOLA

El comisario de Economía, Joaquín Almunia, manifestó que a su juicio "no hay posiciones fijadas que impidan un acuerdo en marzo". Por su parte, Solbes, que coincidió en optimismo, recordó que el Pacto ha sido hasta ahora útil, aunque "se puede reforzar la parte preventiva y ser más flexible en algunas medidas de ajuste, pero también mantener cierto automatismo en cuanto al desencadenamiento de los procedimientos y su aplicación".

"Creemos que cualquier modificación del Pacto no es un debilitamineto del Pacto", subrayó Solbes, a la vez que justificó que este ejercicio se realiza para "adaptarlo a las circunstancias y hacerlo mejor y más creíble".

Respecto a la parte preventiva, los debates se centran en cómo reforzar el control sobre los Estados miembros para que ahorren en los momentos en que el ciclo económico es bueno, a la vez que se mantiene el margen de acción a la Comisión en esta fase.

En segundo lugar, la propuesta del Comité Económico y Financiero sobre la que se está trabajando aboga por definir un objetivo a medio plazo tanto de défici,t como de otras obligaciones de pago implíticas como los gastos en pensiones. Solbes considera a este respecto que el cálculo de esas otras deudas de los países que no se contabilizan, son difícilmente calculables, aunque sea teóricamente atractivo.

Un tercer elemento aborda la forma en que cada país se adaptará al objetivo a medio plazo fijado. La idea de reducir medio punto el déficit estructural cuando se ha conseguido la posición de equilibrio, sigue manteníendose gracias a las opiniones de ministros como Solbes, aunque otros países quisieran dejar una flexibilidad para estudiar cada caso de forma individual.

Uno de los puntos más conflictivos es la forma de "tomar en consideración" las reformas estructurales para definir el sistema de ajuste, cuando todavía no se ha alcanzado el 3 por ciento. Solbes cree deben contemplarse si realmente tienen un impacto desde el punto de vista del déficit, pero no en función de compromisos teóricos.

El tratamiento que deben recibir los Estados miembros que ya han superado el límite del 3 por ciento es uno de los temas calientes. Actualmente, el ordenamiento establece que la Comisión puede aceptar una desviación temporal y no excesiva, a la vez que no se pondrá el marcha el procedimiento si hay una recesión económica grave, entendida ésta como un crecimiento negativo durante más de dos trimestres.

En este sentido, Solbes dijo que "hay margen para definir mejor" este concepto y tener en cuenta como fuerza atenuante, por ejemplo, un crecimiento muy bajo durante 3 años consecutivos.

Por otra parte, el Pacto actual permite que a la hora de juzgar el comportamiento presupuestario se tenga el cuenta la inversión y "otros gastos" realizados por el gobierno infractor. España preferiría mantener esta indefinición, aunque está abierta a que se establezca una nueva definición si ésta es "restrictiva", es decir, "concreta y precisa".

Una vez desencadenado el procedimiento por déficit excesivo, está a debate la posibilidad de ampliar el plazo para que la Comisión presente sus recomendaciones de política económica, así como el plazo de corrección para el déficit excesivo, actualmente fijado en 1 año. El vicepresidente del Gobierno cree que no es lógico que ese plazo se mantenga "suceda lo que suceda", puesto que a veces los países requieren más tiempo para acomodarse a los compromisos.